Recorre la prensa el turbador presagio de un proyecto político consistente en convertir a España en una confederación de Estados. A juicio de sus patrocinadores, se lograría así llegar a un territorio alumbrado por las luces del progreso, un lugar donde la España diseñada en la Constitución se convertiría en una vela que, consumida, se arrinconaría en un aposento lóbrego, allí donde los gusanos rumian su rutinaria insignificancia. La conmemoración de su 50º cumpleaños sería la ocasión propicia para asestarle la puñalada y aprestar su mortaja.

Procede estar en guardia y rebelarse contra tal aciaga perspectiva, alimentada, tras las recientes elecciones andaluzas, con el éxito, desde la izquierda, del mensaje identitario.

Desde mi pequeñez provinciana yo lo hago con la autoridad que me proporciona haber escrito en 2006 (junto a Igor Sosa Mayor, hoy profesor de Historia Moderna en la Universidad de Múnich) el libro El Estado fragmentado. Recuerdo que, entonces, pese a ganar el favor de muchos lectores si se atiende a sus sucesivas ediciones, desde la prensa ligada al Gobierno (de José Luis Rodríguez Zapatero) se le hizo el más ominoso de los vacíos. Y, desde el Centro de Estudios Constitucionales, se organizó una sesión entre las 14 y las 16 horas de un día del mes de julio a la que fui invitado para ponerme cual digan dueñas, en lugar de celebrar, desde una institución del Estado, el hecho de que unos especialistas tomaran la pluma para defender precisamente al Estado de la avasalladora voracidad de los nacionalismos desleales.

Porque eso tratábamos los autores: de alertar del peligro de los cambios estatutarios, entonces en curso, y destacar que España, ese «asombro de esperanzas» que cantara Pablo Neruda, no se rompía, pero el Estado se fragmentaba. Y ello porque había sido introducido en un quirófano sin más luz que la de un candil; una experiencia arriesgada de la que no podría salir más que extenuado y, por consiguiente, con poca agilidad para establecer políticas propias y afrontar reformas de largo aliento.

El Estado, debilitado, fragmentado, quedaría privado cada vez más de la posibilidad de cumplir con su función de crupier en la ruleta de los intereses particulares, incapaz por tanto de gritar el rien ne va plus! a las demandas de las clases políticas que gobiernan las comunidades autónomas más insolidarias.

Las lamentables experiencias de las reuniones de los consejos sectoriales, y no digamos de la Conferencia de Presidentes, cuando han tenido que abordar asuntos no solo importantes, sino de auténtica salvación nacional, avalan desgraciadamente lo que fue nuestro negro análisis. Y ello sin citar los vaivenes grotescos los a que obliga ese abracadabra de la «cogobernanza», que, como adivinanza que es, habilita para adoptar decisiones en un sentido o en el contrario, en función de los intereses encanijados del gobernante.

Aquellos que se autocalifican como progresistas, por cierto, sin más credenciales que las obtenidas en el máster cursado en un mitin o administrando aplausos de entusiasmo en el Congreso que respaldan discursos antitéticos, deberían saber -tales lumbreras- que comprometer el eficaz funcionamiento de un sistema es conducirlo a su bloqueo. Que bloquearlo es impedir su reforma ordenada. Y que impedir reformas es lo que caracteriza al pensamiento reaccionario.

Ya hoy, el Gobierno de coalición, apoyado por las fuerzas que quieren jibarizar España, actúa según el principio hoy soy más confederal que ayer, pero menos que mañana. Ahora bien, preciso es enfatizar lo siguiente: los citados elementos confederales son un retroceso en la historia, como se pone de manifiesto en la evolución de los Estados federales. Alemania, para los europeos, es la referencia, y ya Konrad Hesse tituló el libro que escribió en 1962 para explicar el modelo político de su país El Estado federal unitario. Pues bien, la afirmación no ha hecho sino cobrar, desde entonces, vigor y extensión.

Agitar el señuelo de la confederación es ponerse no en el lado malo de la Historia, sino en su lado extravagante. España no es una «nación de naciones» y, si lo fuera, sería prudente no airearlo, sería mejor disimular, porque tales laberintos políticos han acabado siempre como el rosario de la aurora. Y no han dado precisamente frutos apetecibles, más que para quienes se miran en el espejo del plurinacionalismo boliviano.

Es decir, que al hallarnos ante signos alarmantes de posibles alteraciones constitucionales, trenzadas además -como es usual entre los actuales primates de la mayoría gubernamental– por medio de oblicuas decisiones y tejemanejes sombríos, es obligado defenderse.

Asombra oír que las nuevas generaciones no han aprobado la Constitución vigente porque ni siquiera vivían cuando fue aprobada y promulgada. En Francia o en Alemania, por poner ejemplos cercanos, aun padeciendo como padecen crisis políticas relevantes, a nadie se le ocurre plantear una transformación «radical» del modelo constitucional. Sí aspectos concretos, lo que se hace con naturalidad y con economía de aspavientos.

Procede, pues, argüir con fuerza que nuestra Constitución no es una página en blanco que pueda escribirse sin pauta alguna y mucho menos con la pluma que nos proporcionen ingenieros a la violeta o trucando las previsiones para su reforma.

Sépase que tan solo las organizaciones que descreen de ella, que la intentan minar a diario -de las que hay larga muestra en las Cortes y en el Gobierno o apoyándolo– pueden apuntarse a la tesis del carácter en blanco del texto constitucional, de su condición no militante. Y lo hacen con tanta perfidia como gozo.

Nuestra Constitución milita y, además, lo hace con énfasis cuando proclama que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», porque su alteración o degradación destruiría las vigas maestras de nuestra convivencia. Más aún: del modelo civilizatorio al que felizmente pertenecemos.

Y lo mismo ocurre cuando establece unos derechos y deberes fundamentales que se pueden ampliar, pero no restringir, cuando exige respetar la división de poderes o cuando declara la inviolabilidad de diputados y senadores; o proclama la independencia judicial; o la protección de las costas, las playas y los bienes comunales, etc.

Por descontado, también cuando afirma en el artículo 1.2 que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». ¿Nos gustaría que una formación política propusiera y lograra volver al Estado centralista, tal como funcionó durante la dictadura franquista? ¿A alguien le complacería que nuestra democracia de libertades, por estar incorporada a una Constitución en blanco, no militante, pudiera trocarse en un régimen comunista o en uno corporativista, copiado de alguno del siglo XX? Por supuesto que no, y esto es así porque nuestra Constitución milita a favor de una democracia abierta que permite acoger proyectos políticos de muy distinto signo.

Es la hora de apiñar argumentos y exponerlos en los diarios, en las redes sociales, en acuerdos de las Academias, de las Universidades, con sosiego pero con codicia y puntería, porque nuestro orden constitucional es frágil, víctima diaria de pedradas que son lanzadas no desde rincones invadidos por malhechores, sino desde el corazón mismo de las instituciones del Estado.

Ante una cuestión tan severa, con nuestras plumas, debemos airear y exigir sine ira et studio, ante cualquier cambio, la aplicación rigurosa del título X de la Constitución. Y de nuestras gargantas debe salir un clamor que pregone: «¡No a la prestidigitación!».

(Publicado en el periódico El Mundo el 8 de junio de 2026).