La mejor columna

Una de las torturas más sutiles que padece el escritor es encontrar un asunto con el que cubrir ese par de páginas que se resisten sobre todo si está obligado a llenar la olla exprés con el producto de sus ocurrencias. Ramón Gómez de la Serna definía por eso el “artículo de primera necesidad” como aquel que hay que enviar al periódico para cobrar cinco pesetas.

Hay el columnista que trata asuntos políticos, es este la envidia de todos los demás porque se trata de un privilegiado al que le da el trabajo hecho la incontinencia verbal de los señores diputados y ministros, cuya facundia declaratoria parece estar pensada exclusivamente para venir en socorro de quienes tienen un contrato con una cadena informativa. Si no fuera porque esta persona dispone de una pluma diserta y se ocupa de estar bien informado y al día de todo cuanto acontece, podría decirse que estamos ante un parásito pues se alimenta a costa de organismos vivos a modo de comensal o inquilino. Para conjurar este estigma acaso no sería malo que pagaran al político a tanto la declaración, más cara cuanto más desaforada, porque es evidente que un dislate bien administrado da para varias columnas y para decorarlas además con un choteo que aumenta el prestigio y que pone eco al aplauso. Pero no me consta que sea así, antes al contrario, a veces este huésped o ácaro deja de parasitar porque ya le aburre esta actividad vicaria y se entrega directamnte a prácticas más emocionantes, asimismo relacionadas con la alimentación, como la antropofagia o el canibalismo: para ello introduce al pobre ministro o al cuitado consejero o alcalde en la olla de sus escritos, lo revuelve con el bolígrafo, lo especia con un poco de tinta y lo acompaña con unas originalidades ortográficas como guarnición, y ahí queda el padre de la patria listo para ser deglutido en compañía de los amigos más entrañables en medio de risotadas y otras muestras de ingenio. La columna se ha transmutado en picota. Si el columnista dispone además de una cadena de radio o de televisión, puede darse el gustazo añadido de lanzar al aire a su víctima como si fuera una cometa o cachirulo y dejarle mecido al pairo de los vientos.

Ahora está de moda también el columnista que se ocupa de asuntos económicos de una gravedad magnífica porque la economía (como la jurisprudencia o el estudio de las leyes) es una ciencia que exige a sus cultivadores una disposición de ánimo muy enteriza al abordar cuestiones de gran sustancia parecidas a esos objetos que están fabricados con un metal pesado. Son columnas que caen a plomo y en verdad que hay que ser muy aplomado para afrontarlas. Por eso, porque el autor no usa pluma sino plomo, deberían ser llamados estos escritos, mejor que columnas, pedestales pues son soporte, sostén de elucubraciones de gran alcance.

Luego están las que analizan las cuestiones banales que acaecen en la sociedad, son estas columnas de humo, por su trivialidad, por su descarada menudencia, y por ello lo menos parecido a la columna vertebral porque nada vertebran (ni aspiran tampoco a ello). Crean un espacio que quiere alimentarse de la libertad del juego o simplemente de poner alas a las palabras para hacer de ellas pájaros que cruzan el horizonte sin mayor fijación, en anhelo de atrevimientos. El esfuerzo que representan para nada vale porque son capricho, pura diversión, aunque sirvan para percibir la soldada; tienen de bueno que quedan en la conciencia del lector prendidas tan solo con alfileres, listas para ser alejadas y olvidadas al menor contacto que se tenga con la realidad agarbanzada. No son en rigor columnas sino simples postes que marcan una dirección, justo la que no se debe tomar.

De todas las columnas yo me quedo con la que desde siempre ha usado el anacoreta para vivir dedicado a la oración y a hacer frente desde lo alto de la misma a la corrupción de las costumbres. Es decir, la columna de los ermitaños como san Antonio Abad o san Benito, entregados al implacable yermo con la sonrisa en los labios. Hubo un tiempo en que la Iglesia tenía un voto que se llamaba “de estabilidad en la montaña” para garantizar que la afición a la columna no se desvaneciera al primer contratiempo.

Hoy nadie puede combatir el mal desde una columna pero sí podemos subirnos a ella precisamente para no tener que leer ninguna columna. Que es lo que yo aconsejo vivamente, muy especialmente las mías.

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Aplausos y abucheos

Se habla mucho de la “batalla de las ideas” que deben entablar los partidos políticos para modernizar España, una apelación que suena a la batalla de Stalingrado o a las Navas de Tolosa.  Pienso – con la circunspección que el asunto reclama-  que, si hablamos de ideas, hemos de recurrir, en esta coyuntura de la posverdad disruptiva, al mercado y al mercader que cuentan con una larga tradición y una experiencia secular.

Porque, en las últimas sesiones de Cortes, se ha visto, a la puerta del Congreso, en vez de un carrito con helados, uno que expende aplausos de la misma forma que el castañero ofrece sus castañas: en cucuruchos y a tanto por unidad.

-¿El señor diputado está servido con veinte aplausos y diez abucheos?

-No, quiero sesenta.  

-Entonces, son cinco euros. Pero si se lleva cien entre aplausos y abucheos le cobro seis euros. Vale la pena.

-Que sean los cien, a mí nadie me va a callar.

Y el diputado se va tan satisfecho, pavoneándose a la entrada del hemicirco como un pavo navideño.

Ahora bien, el que más envidia causa en las diferentes bancadas es el diputado que tiene una idea, solo una pero para él solo y que no compartiría ni con el jefe del partido. Porque su buen dinerito le ha costado.

Es este un privilegio de los diputados ricos que se permiten el lujo de comprar las ideas en establecimientos gourmet al tiempo que seleccionan buenas añadas. 

-Tengo una idea para la reforma de las globos de colores – le dice un vendedor solícito en el departamento exclusivo de “ideas e identidades regionales para idiotas”. 

El diputado que es menos rico o más tacaño espera a las temporadas de rebajas que hay siempre en los grandes almacenes. 

Pack especial: dos ideas y una identidad regional – se lee en los letreros luminosos.

Hay también la semana de oro donde proporcionan ideas para la reforma de la legislación de buñuelos de viento por precios que son de ganga. Así es fácil desempeñar un papel lucido en la Comisión de Majaderías que preside el Influencer más de moda.

Y luego está, desde hace poco, el blac friday, que hace furor porque la verdad es que ofrece bicocas. Se convierte uno en Ortega y Gasset por cuatro perras.

Lo más caro de todo es comprar un buen prejuicio o un dogma. Como se sabe, estos – el prejuicio y el dogma- nacen en el momento en que una idea es raptada por la sinrazón.

Cuando el asunto se pone feo es al convocarse elecciones y abrirse la pugna por los votos de los ciudadanos / as. Y ello porque entonces las ideas se ponen por las nubes al existir especuladores de ideas, acaparadores tan malignos que ponen al borde de la ruina a quienes tienen que abastecerse de ellas para airearlas en los mítines. Tanto es así que se ha propuesto la creación de silos de almacenamiento de ideas donde se puedan proveer los más pobres en las etapas de carestía. A mí no me parece descabellada la idea.

Todo sea por evitar el espectáculo de esos diputados que van pidiendo una idea por el amor de Dios en las puertas de los templos. O el lacerante de quienes tienen que pedir la idea prestada para un par de debates pagando unos intereses abusivos. O el de ese lastimoso indigente que se ve en la extrema necesidad de plagiar ideas ajenas.

La ley debe amparar, y con valentía, a estos menesterosos. 

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Alarma: otra chapuza más

Resulta pedagógico analizar la reacción de los gobernantes alemanes frente a la epidemia.

Existe allí una legislación de excepción – sería nuestro artículo 116 CE- aprobada en mayo de 1968 como una modificación de la Constitución. A nadie se le ha ocurrido invocar los instrumentos en ella contenidos para afrontar los efectos del virus actual. La respuesta legislativa, más comedida, ha consistido en la reforma de una ley que el Parlamento alemán tiene aprobada desde enero de 2001. Se trata de la conocida como “ley de protección contra las infecciones”.

Como nosotros contamos con un Estado descentralizado, tiene interés recordar las competencias en esta materia y su reparto entre la Federación (el Estado) y los Länder (nuestras CCAA). Se llaman competencias concurrentes. Pero, atención para el federalista español a la violeta: cuando, como consecuencia del ejercicio por los Länder de una competencia compartida, puedan verse afectadas la igualdad de las condiciones de vida de los alemanes en el territorio federal o peligre su unidad jurídica o económica, la Federación puede hacer uso de su competencia legislativa lo que supone que los Länder pierden la suya. La legislación federal se impone sin más sobre la legislación federada. En alguna otra ocasión hemos explicado – sin que nadie jamás haya hecho el más mínimo caso- que con esta regla en el ordenamiento español se suavizarían centenares de las tribulaciones que nos torturan. Pero ¿quien quiere entre nosotros un sistema federal?

Volvamos al virus. El 20 de marzo de este año, estamos ya en pleno crecimiento de la epidemia, se aprueba una breve modificación de la ley citada (completada en mayo). Según las nuevas previsiones, elParlamento puede declarar una epidemia “de importancia nacional” lo que en efecto se hizo el 28 de marzo. A partir de ese momento recibe el ministro de Sanidad una dilatada competencia reglamentaria que se extiende por muy diversos ámbitos y que ejerce en forma de “reglamentos jurídicos” de los que se han aprobado una dilatada lista. También los Länder, investidos de atribuciones, se han prodigado.

Desde el 28 de marzo las tareas médicas y especializadas de coordinación entre los Länder y entre estos y la Federación es ejercida por el Instituto Robert Koch, lugar donde los científicos centralizan los trabajos relativos a la epidemia.

Se pueden prohibir reuniones particulares, cerrar colegios total o parcialmente, confinar a personas, ordenar cuarentenas etc,respetando el principio de proporcionalidad. Procede la impugnación ante el juez pero los recursos no tienen carácter suspensivo. Se admite, no obstante, que dicho juez dicte medidas cautelares y se han detectado, con ocasión de los pleitos trabados, discrepancias en las respuestas judiciales. En fin, las infracciones de estas medidas se castigan con multas o con la privación de libertad.

Esta realidad está poniendo a prueba el sistema federal siendo el debate en estos momentos muy vivo. Desde quienes entienden que se está saldando con éxito hasta quienes creen que la epidemia ha puesto de relieve los límites de la descentralización federal. Entre los juristas se ha desatado la polémica acerca de la constitucionalidad de tanta exuberancia legislativa y también encontramos opiniones para todos los gustos: desde quienes las califican de autoritarias hasta quienes las acogen con indulgencia (por ejemplo el expresidente del Tribunal Constitucional, Hans-Jürgen Papier). Sin que nadie invoque la legislación de excepción a que hemos hecho referencia al principio de este artículo.

………….

Pues bien, frente a estos comportamientos polémicos pero precavidos, el Gobierno de España vuelve a conmocionarnos con una declaración de alarma. Cuando nos confinaron, muchos advertimos de su improcedencia pues el Gobierno no había respetado las previsiones constitucionales al suspender derechos fundamentales y regular de manera arbitraria algunas actividades. Si entonces la crítica derivaba de tal exceso, hoy el reproche procede de la imprevisión, de la imprecisión y de la intención de prolongar la alarma en el tiempo, estirándola como una goma de mascar.

Han pasado más de seis meses y ni el Gobierno ni sus aliados han presentado a las Cortes iniciativa alguna para aprobar un marco legislativo adecuado.

A nuestro juicio, el Gobierno no puede invocar “alarma”, un sintagma ligado al sobresalto o susto, cuando nos ha estado alertando de que en otoño volvería una segunda ola. Los estados excepcionales han de reservarse para situaciones inopinadas e imprevisibles: no es posible estar en continua alarma y excepción de la misma manera que no puede estar un despertador continuamente despertándonos. Padece la seriedad y se aboca a la trivialización de los conceptos. Un terremoto nos puede hacer temblar una vez, pero a partir de ese destrozo, se trata de fortalecer las construcciones; del mismo modo que una riada puede acabar con las cosechas, pero la siguiente encontrará un muro de contención así como compuertas para derivar los cauces.

Anegados por una primera ola, obligado era evaluar lo hecho tal como de manera insistente asociaciones científicas han reclamado (sin que nadie les haya hecho caso). Desde el punto de vista jurídico, es la legislación sectorial la llamada a acoger las respuestas, tal como se hace en la legislación local ante catástrofes o en la de seguridad ciudadana ante las alteraciones del orden público. En este caso es la legislación sanitaria donde deben precisarse las facultades extraordinarias, las actuaciones singulares, los instrumentos apropiados, atribuyéndolos a las autoridades sanitarias, como hemos visto han hecho los alemanes. Para reformar con cabeza y pluma jurídica la ley orgánica 3/86 no hace falta ser Solón (de hecho, se ha propuesto desde el primer partido de la oposición).

Por contra, durante estas semanas se han reunido las Cortes para ofrecer algún espectáculo bochornoso y también para aprobar seis leyes sin que ninguna se ocupe del mayor problema de nuestra sociedad. Es más, el Congreso ha desaprovechado la ocasión, al hilo de la convalidación de un Decreto Ley que incorporaba estrategias de coordinación sanitaria, de tramitarlo como una ley que incluyera previsiones – con carácter orgánico- para concretar facultades y medidas claras, graduadas y pertinentes. Y se sigue desaprovechando el tiempo: hace más de mes y medio se publicó una proposición para definir un marco de actuación en la legislación sanitaria y no hay avances.

No acaba aquí la chapuza de la inacción gubernamental porque con el nuevo Decreto se acumulan otras con cierta avidez: los tiempos son imprecisos, se introduce el toque de queda y se reducen los controles judiciales. En tal sentido, el texto afirma que “resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses” y, además, sin el imprescindible control por el Congreso de los Diputados; por si fuera poco se faculta a las autoridades autonómicas para que puedan “modular, flexibilizar y suspender” las medidas, incluido el propio toque de queda. De nuevo goma de mascar. Y todo ello cuando escuchamos a diario la cantinela de que el objetivo es dotar a la lucha contra el virus de plena seguridad jurídica y solvencia constitucional.

En fin, lo que alarma en el decreto de alarma es la imprevisión, la inconcreción y, por ende, la incorrección constitucional. Pregúntese el lector si soportaría que, en un concierto, estuviera sonando la alarma durante toda la interpretación, el director (el Gobierno) desatendiera de vez en cuando su batuta y cada instrumentista (las CCAA), sin partitura, intentara seguir una melodía de oídas. Espeluznante.

Una conclusión numérica: Alemania, 83 millones de habitantes, lamenta diez mil muertes. España, 47 millones de habitantes, llora la desaparición de treinta y cinco mil compatriotas (según cifras del propio Gobierno).

Publicado en el periódico El Mundo el día 28 de octubre de 2020.

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Música de palabras

Estas soserías deben hacer un esfuerzo para modernizar frases hechas aplicándoles el  tratamiento del progreso. Dicho de otra forma: se trata de hacer progresistas a esas locuciones que vienen de la noche de los tiempos y por tanto se hallan un poco apergaminadas.

Así, por ejemplo, diremos en el futuro:

Hoy sancheo más que ayer pero menos que mañana; sanchear y guardar la ropa; ni quito ni pongo rey, pero sancheo;  saber de qué pie sanchea una persona; fíate de sánchez y no corras; salir por los cerros de sánchez; nadie diga de este sánchez no beberé; sarna con sánchez no pica; sanchear y plagiar todo es empezar; donde dije digo, digo sánchez; dar una de cal y otra de sánchez; más pronto se conoce a un sánchez que a un cojo; de todo hay en la viña de sánchez; tomar las de villasánchez; sánchez para hoy, hambre para mañana … y todo en este plan.  

                                                        …………

En esta hora de desgracias también es preciso alumbrar dichos gentiles, donaires, bromas inofensivas que bauticé hace tiempo en un libro mío como “guindas en aguardiente”. Mis guindas llevan el ardor del agua en que se han macerado pero no quieren molestar más que lo indispensable. Son música de palabras. Aquí van unos ejemplos, sacados de la actualidad, que pueden servir para hacer llevadero el amargo presente: 

-No es lo mismo un gobierno en la sombra que un gobierno a la sombra.

-Ese político / a que nos aturde es de una ignorancia intensiva, metódica y sombría.

-Con los años, la salud se hace añicos.

-La estupidez del prójimo / a se mide por el tiempo que pasa al móvil.

-Por los pasillos de aquel Parlamento se arrastraban las leyes derogadas como fantasmas en nómina.

-Aquel político / a llevaba siempre consigo un asesor para recogerle la cara por si alguna vez se le caía de vergüenza.

-Un error que no comete jamás un “voyeur” diplomado ni un “viejo verde” es confundir el culo con las témporas.

-El presidiario que es hijo y nieto de presidiarios lo único que hace es estar a la sombra de su árbol genealógico.

-Por su afición, dijérase que aquel diputado vivía amancebado con su escaño.

-Para una tarjeta de visita: “Tarugo de estricta observancia”.

-Desde que ha muerto el marido, esa pareja ha ganado mucho.

-Era un hombre copiado.

-El esnob moderno pone las faltas de ortografía en inglés.

-El lugar común es la fosa común de las ideas.

-Es terrible pero en el Congreso de los Diputados no brillan más que las calvas.

-El canalla es quien ha hecho acopio de los escrúpulos y de la honradez y los ha enviado al desván para que se desvanezcan.

-Lo malo de hoy es que ya no necesitamos espejos cóncavos para ver el esperpento.

Y por ahí seguido …

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Una fullería, un pasteleo, un atropello

La historia del manoseo del Consejo del Poder judicial está embutida de enredos pero lo que se intenta perpetrar ahora entra en el terreno de la fullería. Una proposición de ley que pretende ser aprobada orillando los informes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Comisión de Codificación y del Consejo de Estado. El primero con el argumento de que su mandato está caducado y los otros porque se teme que emitan una descalificación contundente. ¿O es que el Consejo de Estado se halla también en funciones?

El argumento es que el Partido Popular, al bloquear la renovación del Poder judicial, altera el funcionamiento de las instituciones. Y esto lo dicen quienes van a reformar una ley orgánica como la del Poder Judicial sin que el ministerio competente tenga la probidad de elaborar un anteproyecto, pasearlo por los ministerios, recibir la observaciones de sus secretarías generales técnicas, ser examinado por la Comisión de Secretarios de Estado … y llegar a la mesa del Consejo de Ministros. ¿Es que tal forma – osada, desembarazada- de actuar no supone una alteración del normal funcionamiento de las instituciones?

Los votos de los proponentes más los de quienes se presten a semejante pasteleo sacarán adelante la proposición si se les retribuye en forma. Culminado el atropello, se habrá facilitado la conquista del Consejo del Poder judicial. En él desembarcarán, sin necesidad de consenso alguno, aquellas personas designadas por el PSOE y Podemos. O por el PP y Vox cuando los dados electorales caigan en otra posición.

Si a ello se añade que a ese Consejo del Poder judicial corresponde nombrar a la élite judicial de forma discrecional, no hace falta ser un arúspice especialmente dotado para imaginar qué jueces van a ocupar los cargos influyentes de la magistratura. En 2018 se modificó el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ) para limitar las facultades discrecionales del Consejo a la hora de nombrar a esa élite judicial y por tanto someterse a reglas de mérito y capacidad. No tendrán dificultad los autores de la actual proposición en derogar ese artículo 326 y volver al sistema de designación sin cortapisa alguna. No quiero dar ideas a esos dos grupos parlamentarios, que las tienen y bien perversas, solo quiero advertir que, cuando cambien las mayorías políticas, no podrán extrañarse de que otros se entreguen con fruición a nombrar a los suyos.

Lo que se avecina es una hecatombe, el sacrificio ritual de la independencia judicial. Un valor que no parece tener importancia para quienes se rasgan las vestiduras porque se bloquean las instituciones.

Enfatizo una afirmación: los cinco mil jueces españoles actúan con independencia. Solo cuando aspiran a ocupar puestos relevantes han de someterse a embrollos político – asociativos.

Para garantizar la independencia de todos procede respetar algunas reglas:

Primera, los doce vocales deben ser elegidos por los jueces sin que intervengan las Cámaras legislativas.

(Publicado en el periódico El Mundo el día 14 de octubre de 2020)

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Trabucazo contra la independencia judicial

Precisamente fue la independencia judicial el tema que elegí para ingresar como académico de honor en la Academia asturiana de Jurisprudencia gracias a los buenos oficios de mi buen amigo Leopoldo Tolivar y a la amabilidad de sus miembros.

Sostuve en aquella ocasión que, para contar con una justicia independiente, es necesario que el juez -individualmente considerado- lo sea y para conseguirlo la receta es clara: pruebas públicas de ingreso, especialización como jurista (mercantil, laboral menores, contencioso …), carrera asegurada sin sobresaltos ni trampas, trabajo bien valorado, sueldo digno, jubilación asimismo reglada. Dicho de otra forma: un estatuto jurídico del juez regido en todo por el principio de legalidad, alejado de componendas políticas y asociativas.

Pese a lo que tantas veces se proclama, conviene recordar que en España la inmensa mayoría de los jueces -algo más de cinco mil- actúan con independencia respecto de los otros poderes del Estado y con imparcialidad respecto de las partes y ello porque su vida profesional está organizada según reglas legales, objetivas y previsibles.

¿Por qué se habla entonces de la politización de la justicia? Pues porque la élite judicial escapa a tales reglas al intervenir en el nombramiento de sus componentes instancias que participan de la sustancia política. Integran tal élite los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de salas de ese mismo Tribunal, los presidentes de la Audiencia nacional y de sus salas, los presidentes de Tribunales superiores de Justicia y asímismo de sus salas, en fin, los presidentes de Audiencias y los magistrados de las salas de lo civil y criminal competentes para las causas que afectan a los aforados.

Estos son los cargos que nombra el Consejo general del Poder judicial de forma discrecional con la intervención activa de dos asociaciones judiciales que se han repartido y se reparten los puestos a cubrir. Por consiguiente, lo que procedería es acabar con tales nombramientos discrecionales y para ello bastaría con modificar algunas pocas normas. Lo que en efecto se ha hecho en 2018 aunque de manera abiertamente insuficiente.

Pues bien, ahora, en lugar de afrontar este problema que es el central, lo que pretende el Gobierno de coalición es modificar la forma de elegir los vocales de ese Consejo desterrando las reglas que exigían consenso entre los partidos mayoritarios. Con la mayoría absoluta se podrán pues nombrar unos vocales que, atención, gozan de un inmenso poder porque, insisto, son quienes tienen en su mano la designación de los jueces más relevantes de España.

Y esta alteración del sistema tradicional la pretende hacer el Gobierno de Sánchez a través de una proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios de socialistas y de Podemos. Una estratagema porque lo obligado sería que el ministerio de Justicia elaborara un anteproyecto de ley, lo distribuyera entre los ministerios, recibiera las observaciones de las secretarías generales técnicas, pasara a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y llegara al fin a la mesa del Consejo de ministros, convirtiéndose así en un proyecto de ley, listo para ser enviado a las Cortes. Con un añadido sustancial: este proyecto (que no proposición) necesitaría los informes del Consejo del Poder judicial, del Consejo fiscal, del Consejo de Estado y de un órgano hoy en el olvido, la Comisión general de Codificación (integrada en el propio ministerio de Justicia). Al parecer, el presidente del Gobierno tiene poca confianza en la organización del Estado cuya Constitución ha jurado y por ello utiliza el atajo de la proposición de ley que no necesita tabarras de informes que vaya a usted a saber a qué molestas conclusiones llegan.

Quien me lea no debe olvidar que no estamos hablando de una ley cualquiera sino de la orgánica del Poder judicial, que forma parte del “bloque de la constitucionalidad”. Y que por ello merece un mayor respeto por parte del Gobierno.

El argumento político es que el Partido Popular ha bloqueado la renovación de ese Consejo y con ello está alterando el normal funcionamiento de las instituciones. Como si hacer pasar una ley de la envergadura de la que estamos hablando por la puerta acomodaticia de la proposición de ley no constituyera ya de suyo una alteración – y bien grosera- del normal funcionamiento de las instituciones.

La reforma se aprobará por supuesto porque contará con los votos de los grupos proponentes más los “desinteresados” que provengan de las filas nacionalistas, separatistas y filoetarras.

Culminada así la trapacería será posible el cerco y toma del Consejo del Poder judicial. Entrarán en él, sin la pejiguería del consenso que tanto tiempo hace perder, aquellas personas designadas por el PSOE y Podemos más el pago a separatistas etc.

Esto, hoy. Mañana serán los del PP, cuando las mayorías cambien.

Lo que se avecina es un trabucazo disparado contra la independencia de los jueces, al menos de los que componen esa élite judicial a que me he referido y que es la que preocupa a la clase política porque es la que conoce de los recursos y asuntos más importantes, juzga a los aforados etc. Al Gobierno le interesa tener controlado al Tribunal Supremo, lo que diga o resuelva el juez de Llanes le trae sin cuidado.

Todo esto es lo contrario de lo que impone el respeto a ese valor constitucional de primer orden que es la independencia de los jueces: de todos, de los que actúan en estrados imponentes y de aquellos que lo hacen en escenarios menos aparatosos.

Un respeto que incluye cuatro reglas. La primera sería que doce de los vocales del Consejo sean elegidos por los propios jueces sin intervención de las Cortes (los otros ocho de acuerdo con lo que dice la Constitución, artículo 122, 3). La segunda es que los jueces que componen la aristocracia judicial sean designados exclusivamente por razones de mérito y capacidad, no como resultado de pactos embolismáticos trabados entre las asociaciones judiciales. La tercera es que se suprima la facultad de que hoy disponen los parlamentos de las Comunidades autónomas de designar – con mecanismos estrictamente políticos- un magistrado para el Tribunal superior. La cuarta es prohibir las puertas giratorias entre la política y la justicia. Piense el lector que, en el actual Gobierno de España, hay tres ministros que son jueces. Pues bien, en el momento que dejen de serlo se instalarán en sus juzgados o tribunales para administrar justicia, sin despeinarse, como quien no ha roto un plato en la fiesta de la política.

Se empezó enterrando a Montesquieu y ahora ya estamos aprestando el horno crematorio para ir introduciendo en él a trozos el Estado de Derecho.

(Publicado en La Nueva España el día 15 de octubre de 2020).

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Alejandro Nieto: noventa años

En los países más respetuosos con las grandes personalidades se celebran sus setenta, sus ochenta, sus noventa cumpleaños con glosas de sus andanzas y de los trabajos que han ido tejiendo con brío, fuerza y paciencia. En España solo aplaudimos en el arrastre mortuorio como a los toros en el ruedo.

Sería una injusticia que así se procediera con Alejandro Nieto, ya nonagenario, uno de los sabios españoles que sigue cultivando una curiosidad intelectual entre escéptica y melancólica, pero siempre bien fecunda.

Nieto ganó por oposición – es decir, oponiéndose a otros candidatos, una práctica que las modernas leyes han desterrado – una cátedra de Derecho Administrativo enseñando en diversas Universidades españolas en la época en que el catedrático gozaba de movilidad y así de su entusiasmo por la docencia se beneficiaron alumnos de La Laguna, de Barcelona y de Madrid. Como conferenciante, oyentes de toda España.

Como jurista, Nieto nos ha desvelado las claves de los más intrincados rincones del Derecho Administrativo siempre con la mirada buida y la pluma pulida. Pero Nieto ha sido además historiador, ensayista y gestor público, como Presidente que fue del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha recibido premios como el Nacional de Ensayo y ocupa hoy un sillón en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Sus obras sobre la ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, la tribu universitaria, la organización del desgobierno, la corrupción en la España democrática reflejaron los cambios en Europa y los profundos males que aquejaban a la sociedad española y al decorado de cartón piedra de sus instituciones políticas. Resalto, porque se suele olvidar, su “España en astillas” (1993) con un sustancioso prólogo donde se destaca la persecución que sufrió por haberse creído que en España regía la libertad de expresión. Todo ello fue escrito por Nieto en un momento temprano cuando la mayoría de la población y de los intelectuales vivían acunados disfrutando de una España encantada consigo misma.

A “los primeros pasos del Estado constitucional”, que explica la Regencia de María Cristina de Borbón, hay que unir decenas de estudios históricos relacionados con nuestros siglos XIX y XX. En breve podremos leer la monografía que ha dedicado a la Primera República Española, que sale en un momento bien oportuno, cuando tanto botarate está elevando tal forma de Estado al altar ante el cual va a arder un pebetero con los mejores perfumes españoles.

Alejandro Nieto es además un tipo entrañable, provocador y divertido y, sobre todo, alejado de las convenciones. Es precisamente por esta condición una suerte de sublevado muy original, un sublevado que no combate los molinos de viento sino el viento mismo, el viento que arremolinan las mentiras y las gilipolleces sociales. Gasta boina barojiana con cuya mala leche es obligado emparentar la de Nieto.

Es el jurista que despotrica de los juristas porque cree que cultivan una palabrería de cementerio, de sepulcros blanqueados, de palabras fusiladas por la conveniencia y luego mal enterradas. Pero, al mismo tiempo, él ha da dado a la jurispericia días de gloria y de vida vívida, no acartonada ni untada de afeites.

Ha descorrido en sus obras los cortinones de las instituciones sociales para enseñarnos que son poco más que belén de Navidad. Es también el jurista que ha querido despojar a las mentiras de la falsa seriedad de su traje de etiqueta. Y eso sobrevivirá de su obra, aunque la sociedad le haya retribuido con una desdeñosa indiferencia.

Alejandro Nieto es, en fin, un escultor que usa como material para sus obras sus sueños de sublevado. Y, al cabo, él, que tan duro es con tantos, se enternece con un paisaje del Cerrato y perdona a la humanidad sus despropósitos desde aquellos azules que a la tierra empapan en su eterno juego de luces. Y les da su bendición de monje que ora en las soledades, pues Alejandro tiene también aire frailuno, de fraile severo y sotana castigada por la austeridad y los años fértiles.

Felicidades, maestro.

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Una adivinanza: la cogobernanza

Entre el festival de palabras malsonantes que emplean los primates de la política ocupa un lugar especial la de “gobernanza”, una grosería introducida en España – como buena parte del material de contrabando lingüístico- por los americanos de los EEUU.

Por cierto, antes de seguir adelante, aclararé que acabo de utilizar la palabra “primate” en la segunda acepción del DRAE “personaje distinguido, prócer”, no en la primera que alude a “mamífero de superior organización, plantígrado …” aunque es verdad que algunas veces ambas acepciones coinciden en los dignatarios que nos pastorean.

Ya que estamos con el DRAE diremos que la gobernanza se define en él como “el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Pero vamos a ver, señores académicos, ¿qué es lo que ha pretendido todo gobierno, de derechas, de izquierdas, republicano, clerical, laico, jesuítico o masónico, desde los tiempos de arriano Liuva I sino el desarrollo económico, social e institucional duradero etc…? Es decir, el esfuerzo que los sabios lingüistas han realizado para describir la gobernanza tiene el aire de ser el parto de los montes.

Por mis malos pasos en la vida me he visto obligado a leer la bibliografía que se ha ocupado de la gobernanza, una tortura que no deseo ni al más depravado, perverso y diabólico de mis oponentes. Gastan sus autores un lenguaje pintoresco y una desembarazada sintaxis, en sus escritos están la “red”, la “interacción”, la “acción multifacética”, la “poliarquía deliberativa”, por supuesto, la “modernización” y el inevitable “progreso”. O estas otras perlas: la “intermediación de intereses”, el “rediseño de los incentivos”, los “procesos argumentativos” y así podemos continuar trastabillados por este camino enfangado de hallazgos a cual más abominable.

Hay un sujeto tozudamente cómico que califica la gobernanza como “una estructura decisional y de implementación en cuya constitución institucional pueden resultar de gran utilidad los principios del republicanismo cívico”.   Y continúa, como un trabucaire del lenguaje, vendiéndonos la gobernanza como el mejor remedio para “implementar técnicas de gestión de nivel micro en un espacio multiorganizacional donde no pueden suponerse ni el consenso en los fines ni la gestión por decisión de autoridad”. Es entonces – concluye el supremo majadero- cuando se impone concebir al Estado como un gestor de interdependencias.

No invento nada, lo tengo inventariado todo en un largo y sesudo artículo mío que anda por ahí publicado.

En estos días, el rizo rizado y risible es la cogobernanza y ya auguro que en breve circularán la metagobernanza y la protogobernanza. Y lo bueno es que, en cuanto las repitan un par de tarugos / as en los medios de comunicación, las repetirán millones de españoles (y españolas).

Como soy más tradicional, me conformo con hablar de gobierno o, si quiero echar mano de una palabra ilustre por sus trienios, de “gobernación”.

Porque lo de gobernanza es una adivinanza, un jeroglífico, un cofre pleno de charadas y de chorradas.

Usar el término “gobernanza” es además de mala crianza, genera desconfianza y hasta ganas de venganza, nada que permita la alabanza ni tenga que ver con la buena pitanza.

Produce, eso sí, buena cobranza a quienes venden humo porque, viviendo en la holganza, les llena la panza colmados de la mejor esperanza.

Conclusión: se nos quiere engañar bailando ante nosotros la danza y la contradanza de la gobernanza. Pero nadie lo dude: solo quien lleva una mala andanza, en vez de gobernar quiere cogobernanza.

Porque cultiva la mescolanza y las más depravadas usanzas.  

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¿Suprimir la adhesión a la Constitución?

Si observamos lo que ocurre en países cercanos respecto al juramento de los diputados, advertiremos que en el Reino Unido se mantiene un juramento de fidelidad a la Reina que puede ser sustituido por una afirmación solemne de parecido tenor. Se permite además que se haga a la manera escocesa, es decir, con la mano levantada pero sin sostener el texto sagrado (este es escogido libremente por el diputado). El juramento (o afirmación) debe ser tomado primero en inglés pero puede repetirse en galés, gaélico escocés o córnico. Y al final se firma en un libro de pergamino custodiado por el Secretario de la Cámara de los Comunes.

En Francia no hay juramento en el ámbito político a pesar de que subsiste para los abogados, los magistrados, los médicos … una exigencia que se pretende aplicar a los alcaldes y a sus adjuntos porque – se argumenta en una proposición de ley presentada el pasado año- estos son representantes de sus municipios y además agentes del Estado competentes para aplicar las leyes. Es interesante anotar que en la Exposición de motivos se afirma que “no existe moral pública sin deberes reconocidos y aceptados, en primer lugar, el respeto a la Constitución y a los principios en que la misma se basa”.

En Italia no se exige juramento alguno a los diputados, pese a la tradición en contra, porque así lo quiso la Constitución hoy en vigor aunque la instauración de un juramento es asunto que se reproduce como debate con cierta frecuencia. Tampoco en Portugal. Pero en Bélgica sí hay un trámite de juramento el día en que los diputados ocupan por primera vez sus escaños.

En Alemania prestan juramento el presidente de la República, el canciller y los ministros federales. Con una fórmula establecida en el artículo 56 de la Constitución: “juro consagrar mis fuerzas al bien del pueblo alemán, acrecentar su bienestar, evitarle daños, salvaguardar y defender la Ley fundamental y las leyes de la Federación, cumplir mis deberes escrupulosamente y ser justo con todos. Que Dios nos ayude” (la invocación religiosa puede omitirse). Preciso es añadir que el texto citado no puede se alterado, así al menos lo interpretan los autores que se han ocupado de este asunto: “cualquier otra fórmula no es compatible con el texto constitucional” (por todos, Grundgesetz. Kommentar, Maunz- Dürig – Herzog …).

Se puede seguir ofreciendo un acabado repertorio de derecho público comparado. No creo que sea necesario.

Y ello porque cada Estado es fruto de unas determinadas circunstancias históricas que permiten a lo sumo aproximaciones entre ellos pero nunca semejanzas absolutas. En este sentido, España tiene un pasado tejido por enfrentamientos, es un mosaico de desgarros, de lutos obstinados, de ruinas, aunque también nos hemos dado respiros en forma de espléndidas etapas de paz, de aciertos y heroicidades. Una de ellas ha sido precisamente la iniciada con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Pero la situación ha cambiado para empeorar. Hoy, en medio de una crisis institucional que compite en gravedad con la otras que nos cercan, se suscita el debate acerca del juramento o promesa de la Constitución por los parlamentarios. Pues bien sostengo que, si hay un país donde es inexcusable exigir este acto de adhesión a la Constitución, ese país es España. Y añado: va a ocurrir lo mismo en otros cuando avance en ellos la presencia de partidos contrarios al sistema constitucional. También en el Parlamento de Estrasburgo, donde crecen las delegaciones empeñadas en socavar el proyecto europeo, habrá de buscarse una fórmula para que sus diputados se comprometan con los valores contenidos en los Tratados a menos que se les quiera expulsar a la luctuosa oscuridad de la agonía.

Nosotros, en España, nos hemos convertido en un país lastimado por la desintegración, en un sistema que ha olvidado que sin integración (“constituir un todo”, DRAE) no hay Estado siendo la Constitución el resultado normativo de una comunidad vertebrada. El Estado existe cuando hay un grupo que se siente como tal, una aquiescencia democrática que es el fundamento de ese artilugio que llamamos Estado, su sustancia, el espíritu que determina su existencia y lo justifica. Por su parte, la Constitución no es sino el receptáculo que recoge los latidos de esa comunidad que hace a un pueblo sentirse Estado.

La legitimidad de la Constitución procede en buena medida de la fe social en esos atributos compartidos e intereses comunes que permiten al grupo vivir juntos. En este contexto lo simbólico juega un papel nada despreciable y por ello encontrar la forma de Estado más apropiada no es el producto tan solo de una reflexión jurídica sino también de un sentimiento en parte emotivo.

Esto se ve claro en la configuración de los Estados regionales o federales que han de basarse en un claro reparto de competencias pero que de nada serviría si no existiera una conciencia clara en sus protagonistas de pertenecer todos a una misma familia. Sin esa conciencia, el edificio se viene abajo.

Pues bien, las fracturas que nutren los nacionalismos separatistas en España conforman el ejemplo de manual de una Constitución carente de esos elementos de integración indispensables para hacer posible su vigencia serena y fructífera. Tales nacionalismos / separatismos defienden tesis dirigidas a destruir el patrimonio común que supone la existencia del Estado como indiscutido hogar común.

Carecemos por ello de un “credo” compartido y libremente vivido y asumido, de un prontuario de cuestiones básicas, entre ellas, obviamente, la existencia misma de ese Estado. Sin ese “credo” todo amenaza ruina.

Falla, y con estrépito, el gozne del Estado, la «lealtad”, bisagra que facilita el movimiento de sus engranajes. Una lealtad que representa el territorio marcado por las buenas maneras, más allá del cual se abre otro en el que se extiende el despropósito. Un despropósito en el que estamos instalados porque la deslealtad de algunos actores de la escena política – ahora partícipes del Gobierno de España- es la enfermedad de un sistema devenido frágil e ineficaz. Con claras alarmas de extenuación. Una muestra: el Parlamento catalán acaba de tomar el acuerdo ¡de no acatar una sentencia del Tribunal Supremo! ¿Alguien da más?

Y un dato estremecedor: en el Congreso de los Diputados actual un 30% de sus componentes o no creen en el Estado o no creen en la Constitución o no creen en España, o en ninguna de las tres cosas a la vez, un rosario de descreencias que han desestabilizado el sistema convirtiéndolo en un artefacto macilento y desmedrado.

Por eso sostengo que, en tal pavorosa situación, lo único que nos falta es estimular a los desleales sus artificios y trampas suprimiendo su adhesión formal a esa grapa común que es la Constitución. Si este atropello llega a consumarse, se iniciará un tiempo de luto, tempus lugendi, en el que lloraremos el arrinconamiento de la Constitución en el desván de nuestra memoria. Dormirá allí entre cachivaches antiguos, vestidos apolillados, fotos de la transición … mientras sobre sus articulaciones dañadas se bailará la danza macabra de las identidades y los privilegios.

Y una última nota. Sabemos que los magistrados del Tribunal Constitucional están discutiendo la validez de las fórmulas empleadas por algunos diputados en la última sesión de apertura de la legislatura. Se oyó allí que se juraba o prometía: “por la libertad de los presos políticos”, “por el retorno de los exiliados”, “por la República catalana” “por la República vasca” y otra porción de extravagancias.

A la hora de resolver, me permito indicar a tan distinguidos jueces, con humildad del jurista de provincias que soy, que decidan pensando en lo que decidirán cuando les lleguen fórmulas que podrían oírse en una legislatura próxima: juro o prometo “por la restauración de los Principios del Movimiento Nacional”, “por el restablecimiento de la pena de muerte”,“por la abolición de las comunidades autónomas”, “por la supresión de los derechos históricos en el País Vasco” “por la penalización del aborto” y por ahí seguido.

En estos debates necios estamos en un país que se desangra y cuyos dirigentes se empeñan en aturdirnos, camino del precipicio.

(Publicado en el periódico El Mundo el día 23 de septiembre de 2020).

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Miradas, bromas, insinuaciones

Me abruma pensar el trabajo que se han echado encima los / las responsables del ministerio de la Igualdad al considerar como conductas sancionables las miradas, las bromas y las insinuaciones referidas a las mujeres.

Por de pronto tendrán que depurar buena parte del arte donde abundan ejemplos de estos comportamientos calificados como vitandos por esas señoras encargadas de la ortografía de las nimiedades.

La verdad es que está bien consumir el tiempo en bobadas. Con la edad y las malas artes que trae consigo se aprende – yo al menos he aprendido- que en un ministerio cuantos más asuntos superfluos se aborden, mejor, menos se dedicarán a molestar y eso que sale ganando el vecindario.

Ya hace tiempo que se suprimieron los piropos pero esto lo asumimos con benevolencia porque el piropo fue siempre el telegrama de la galantería. Y muerto el telegrama, muerto el piropo.

Sin embargo, lo de ahora es distinto. Por eso yo me acuso de haber dirigido miradas a mujeres jarifas, de haber sido mirón, espectador afortunado de señoras de formas divinas y de entendederas ingeniosas, también de haberme asomado a las atalayas en las que la recompensa consistía precisamente en disfrutar de estas visiones lujosas y otros presagios favorables. He puesto en esas miradas mías un embeleso tan solitario como anhelante. En muchas ocasiones han acabado, ay, en agonías angustiosas pero en otras se han trocado en delicias bien nutridas y en horas dulces que siempre me parecieron cruelmente breves.

Yo me acuso también de haber hecho bromas sutiles sobre las mujeres, consciente de que el humor es el ungüento mirífico que aplican los hombres y las mujeres inteligentes a los afanes diarios pues – a ver si lo entendemos de una vez- el humor es la musa del desenfado, la bombilla que llena el aire de luces burlescas, que da esperanza al enfermo y libera de sus pesadillas al atribulado. El humor es lo que más odian los censores y los perseguidores de la espontaneidad, los anémicos y escorbúticos de talento, los finchados de normas opacas y de reglamentos. Humor se escribe con “r” de rebelde y quien no practica el humor es un desdichado que arrasta agachada su personalidad. O un alto cargo / a del ministerio de Igualdad.

Y claro es que me acuso de haber hecho insinuaciones picantes porque es la insinuación

el apunte ligero, la mañosa introducción en el ánimo de alguien para ganar “su gracia y afecto” (DRAE), la insinuación es la forma de expresarse las personas sutiles, imaginativas, chispeantes, virtuosamente maliciosas, inocuamente traviesas. También es la insinuación “el deseo de relaciones amorosas” (de nuevo el DRAE). Pues ¿qué? ¿nos vamos a comportar, cuando ardemos en deseos, como una lava hirviente que todo lo atropella? ¿eso es lo que ambicionan las del ministerio? ¿que nos brillen los ojos, que se nos desparramen los gestos lascivos? ¿no es mejor el breve lucero fantaseador de la insinuación?

Lo prudente es pues no hacer caso a las amenazas proferidas por esas señoras tan inquisidoras como insípidas.

Porque lo que desde luego no vamos a hacer es mirar al ministerio de igualdad, bromearle o insinuarnos con él. ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Qué se han creído los seres sombríos que lo habitan?

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