¿Nadie va a parar esto?

La pregunta es pertinente: ¿nadie va a parar esto? Es decir, ¿nadie va a parar la degradación de la dignidad política en España practicada a golpe de ocurrencias de saldo y prontos primarios?

Me dirijo naturalmente al Partido Socialista Obrero Español. Y lo hago porque quienes figuran como sus actuales socios de gobierno, el podemita zarandeado por las urnas (recuérdese: Galicia y País Vasco), el separatista catalán condenado por el Tribunal Supremo y los amigos de los terroristas vascos no serían más que una nota a pié de página en la historia contemporánea de España si el PSOE no los hubiera metido en el texto principal del relato. Y con letras mayúsculas y aun capitulares. El PSOE no solo dispone de un número de diputados abultadamente superior a los de estos grupos sino que además es el partido que goza de las más sólidas raíces en la sociedad española, presente como está – de manera directa o indirecta- en todo tipo de iniciativas sociales y actividades culturales. Goza pues, como se dice ahora, de una envidiable capilaridad, lo que se manifiesta palmariamente en la fortaleza de su respaldo electoral.

De manera que podría decirse que, gobierne o no, el PSOE es clave a la hora de conducir esta nave que es España. Mucho más cuando se encuentra encabezando su Gobierno: de ahí que su responsabilidad sea inmensa. Y de ahí que los españoles avisados y prudentes sigamos sus pasos y sus decisiones con el mayor de los respetos y, cuando procede, con la mayor preocupación.

Que es donde justamente estamos. Porque se convendrá conmigo que ver al PSOE, de historia antigua, controvertida pero siempre vigorosa, gobernar al dictado de un partido cuyos dirigentes están en la cárcel por haber perpetrado un golpe de Estado o de unos sujetos que son descendientes directos de quienes han sembrado el terror en el País Vasco y en el resto de España durante décadas, decidiendo quién debía continuar viviendo en libertad o merecía ser introducido en un zulo o quién debía seguir simplemente viviendo, es algo que debería estremecer a cualquiera que sienta respeto por las siglas socialistas, no digamos a quienes les dispensan su adhesión o incluso su cariño.

Si todo está ocurriendo y negarlo sería tanto como negar la evidencia, la pregunta se impone: ¿dónde están esos compatriotas socialistas? ¿dónde se esconden? ¿dónde guardan sus convicciones y su ideario? ¿los conservan entre bolas de alcanfor o los han disuelto en la indiferencia? ¿les han puesto acaso sordina para que no perturben su bienestar?

¿Dónde están los ciento veinte diputados del Congreso y los ciento trece senadores? Estos señores y señoras, cuando se presentaron ante sus electores en sus respectivas circunscripciones, cuando hablaron en los mítines o escribieron artículos explicando sus proyectos ¿defendieron lo que el Gobierno que ellos ahora sostienen está haciendo? ¿abogaron en público por cambiar el Código penal para sacar a la calle a los golpistas? ¿sostuvieron que iban a dar satisfacción a esos mismos separatistas a la hora de arrinconar el idioma español? ¿se mostraron acalorados defensores de los decretos-leyes en lugar de las leyes para ordenar nuestra convivencia jurídica? El mismo pacto con Podemos ¿fue aireado? ¿Se dio a conocer la campaña contra el hombre prudente que encarna hoy la Jefatura del Estado y que se halla consentida – ¿o alentada?- por el Gobierno?

Más pienso que justamente ocurrió lo contrario en mítines, encuentros y programas electorales. No es preciso recurrir a las palabras de quien fue candidato principal y hoy preside el Gobierno acerca de su insomnio para sostener que los diputados y senadores actuales han roto de una manera clamorosa ese sutil contrato con sus electores que supone el otorgamiento del voto. Y esto es muy grave en un sistema democrático que tiene muchas imperfecciones pero que está o debe estar soldado por unas reglas de lealtad que son su argamasa misma.

Pero más allá de esta grave consideración ¿no están orgullosos esos diputados y senadores de sus siglas, de su ideario? ¿cómo es posible que toda esa riqueza quede disuelta en el seguimiento acrítico de un dirigente que les lleva por caminos que nada tienen que ver con una socialdemocracia que tanta gloria ha dado a los gobiernos de Europa durante más de medio siglo?

No lo entiendo y me devano la cabeza porque yo mismo estuve al servicio de los primeros Gobiernos de Felipe González como modesto secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones públicas y estoy muy orgulloso de esta etapa de mi vida y de aquello que pude aportar a una política responsable, adulta, poco superficial en suma. Me marché voluntariamente (“a petición propia” dice el Decreto de mi cese) cuando pensé que mi sitio estaba de nuevo en mi cátedra. Ese pasado me impulsa a escribir hoy este artículo, estupefacto como estoy porque las sombras de aquel período que a muchos nos desmoralizaron y nos alejaron, sin embargo no han sido capaces de borrar la claridad de sus luces, la brillantez de algunos de sus logros.

Y ello obliga a no permitir a nadie que arruine – a base de inyecciones de frívolo oportunismo y de ignorancia- el nervio socialdemócrata sustituyéndolo por aventuras coyunturales, por el trajín miope de pobres ocurrencias que están comprometiendo el ser mismo de la España constitucional, tal como proclaman con altanería los socios del Gobierno. ¿Qué se diría – pregunto- si se viera a un Gobierno del Partido Popular encogerse ante las imposiciones de unos parlamentarios que fueran hijos o seguidores de los golpistas del 23 de febrero o de aquellos pistoleros franquistas que tantas amarguras ocasionaron?

¿Saben los diputados y diputadas que en la Asamblea Nacional francesa o en el Bundestag alemán (por citar tan solo dos países cercanos) los grupos parlamentarios tienen sus tensiones internas y que sus jefes han de entregarse a encarnizados debates con ellos para convencerlos del acierto de esto o aquello y que al final la disciplina puede romperse y no pasa nada grave? ¿Cómo es posible que aquí el toque del silbato sea el que marque el comienzo del aplauso desmedido o el silbido atronador de los escaños sin que haya ni una sola ocasión en que ocurra lo contrario? ¿no se advierte el carácter gregario e inmaduro de este comportamiento? Y lo que puede ser peor para ellos ¿no ven estos parlamentarios que están arruinando su propio oficio pues el día llegará que los votantes nos cansemos de ver en nuestros representantes cadáveres bien conservados y les enviemos a instalaciones más apropiadas a su lúgubre condición exceptuando al del silbato?

Y la misma interpelación que dirijo a los parlamentarios presentes en el Congreso y en el Senado la reitero respecto de quienes les precedieron o están o han estado en el Parlamento europeo, a las autoridades que lo son o lo han sido en las instituciones de Bruselas, los ex-ministros y los centenares de antiguos altos cargos presentes en los gobiernos socialistas, como secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o presidentes y consejeros de las Comunidades autónomas o alcaldes que lograron sus puestos gracias a militar en el socialismo español. Ítem más, incluyo a quienes, precisamente por las siglas a las que han servido, están hoy con magníficos sueldos en los Consejos de Administración de grandes empresas o en sólidos negocios a los que en modo alguno hubieran accedido si no hubieran podido presentar la credencial socialista.

De verdad, estas personalidades ¿dónde están? ¿no se les desgarran a diario sus interiores, no pierde el equilibrio su sensibilidad, no se les remueven las conciencias? ¿no sufre su honestidad? ¿no lamentan el zafio patear de ideales y compromisos? ¿no oyen las voces, las quejas, los gritos angustiados de la vergüenza herida?

¿Por qué callan?

(Publicado en el periódico El Mundo el día 28 de noviembre de 2020).

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La Ley educativa o un desaguisado

Si hay algo que contribuye a devastar la política es la aprobación de leyes básicas para la convivencia por el sistema de la imposición de una parte del hemiciclo sobre la otra. Se trata de un método que supone el uso, como procedimiento parlamentario, de la victoria belicosa, del trofeo que enarbolan y exhiben unos contra otros. Es el “trágala” de tan funestas consecuencias en la historia de España, aplicado de manera implacable a lo largo de nuestros enfrentamientos desde el siglo XIX. El “trágala” es el proyectil de los gobernantes que abusan. 

¿Qué es lo que una autoridad prudente – es decir, la que quiere evitar desaguisados- debe hacer cuando tiene entre sus manos la necesidad de llevar a las Cortes una ley delicada por la singularidad de la materia que aborda, por la sensibilidad que genera entre la población, por los intereses que enfrenta, por las emociones mismas que suscita? En un sistema democrático la contestación parece sencilla: su brújula ha de ser la de extremar los esfuerzos para alumbrar un texto en el que se refleje el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas y, si se puede, solo si se puede, la máxima avenencia también con los representantes de los intereses encontrados que anidan en la sociedad. No defiendo por ello el consenso bobalicón, usado como aliviadero de quien no tiene una idea clara en la cabeza. El consenso es un método, no un fin. Sí defiendo, y con vigor, la necesidad de alcanzar la concordia – como se decía en los debates parlamentarios antiguos- más ancha posible entre los actores políticos, aquellos que representan – en nuestros modelos- los valores y los intereses generales.

Cuando esto es posible en términos razonables, esa autoridad debe poner todo su vigor en llevar a buen puerto el proyecto que tiene entre manos. Si, por el contrario, se atasca porque las posiciones se hallan demasiado enconadas, debe armarse de paciencia para pulir asperezas y, si no lo logra, debe abandonar su propósito aun a costa de tener que aceptar que sus tribulaciones han resultado estériles.

Este comportamiento prudente es el que se ha echado de menos en la responsable de la educación, una ministra que – lo tenemos muy comprobado los ciudadanos- se comunica con sus semejantes practicando formas rudimentarias de la oratoria. Aunque no se puede descartar que esta deficiencia la supere con la práctica ministerial. La falta de acuerdo, básico como estamos viendo para culminar una operación de este porte, se ha demostrado en la votación que se produjo ayer y que se veía venir desde lejos. Ha conseguido esta mujer concertar, para oponerse a su proyecto, a fuerzas políticas que practican habitualmente entre ellas el encono ideológico, la distancia sentimental y la virulencia verbal. Solo ha allegado la aprobación de los partidos de su gobierno y de los separatistas. 

Por no contar ni siquiera se ha molestado en recabar la opinión del Consejo de Estado que es competente cuando se trata de “proyectos de especial trascendencia o repercusión”.

A la vista de este modo de proceder, es lícito hacerse la pregunta de para qué sirve este Alto cuerpo consultivo cuando se le escamotea un asunto como el de la educación. Se afanan en el edificio de la calle Mayor letrados que han superado durísimas pruebas, también competentes juristas con una amplia experiencia en asuntos precisamente de Estado. ¿Para qué? ¿para informar expedientes y ver cómo se le evita en cuestiones significativamente sensibles?

No es una casualidad que todas las demás leyes predecesoras de la actual y que componen – por cierto- esa hilarante lista de acrónimos, fueran informadas por el Consejo de Estado. ¿A qué viene la actual desconfianza? No contento el Gobierno con este desaire a institución tan distinguida, la tramitación se ha hecho en las Cortes por el procedimiento de urgencia de manera que se han votado miles de enmiendas en un alocada carrera cuya razón de ser nadie conoce.

¡Ay de un Gobierno que desconfía de las instituciones antiguas, guardianes de la sabiduría y la prudencia!  

De otro lado, que el texto aprobado ayer haya contado con el respaldo de los separatistas no puede extrañar sencillamente porque se ha dado el golpe de gracia a un instrumento capital de la ordenacíón educativa en España: la Alta Inspección. Cuando se hizo el pacto constituyente, se distribuyó la educación con gran generosidad hacia las Comunidades autónomas. Sabedor el legislador del material explosivo que se ponía a su disposición, sobre todo en el caso de aquellas en las que están presentes potentes partidos nacionalistas cuyo lema es la deslealtad con el Estado, se construyó esa figura de la Alta Inspección: para conjurar excesos y desmanes.

El invento, hay que decirlo y lamentarlo, no funcionó. Y no funcionó desde la presidencia de Adolfo Suárez hasta hoy. ¿Por qué? Sencillamente porque no ha habido voluntad política para que sirviera al fin que tenía atribuido. No hace falta ser un agudo pensador político renacentista para aventurar la causa: la dependencia enfermiza y crónica que los Gobiernos españoles han sufrido respecto de los partidos nacionalistas. Consecuencia, a su vez, del hecho palmario de que los partidos nacionales que han gobernado España se han negado tercamente a modificar un sistema electoral que refleja de manera muy deficiente la voluntad del pueblo español.

El desaguisado aprobado ayer en el Congreso ha supuesto el lugar de arribada de una experiencia fallida por haber sido desnaturalizada consciente y alevosamente por los Gobiernos de España. Dijérase que ahora han caído las máscaras, justo cuando nos vemos obligados a llevar mascarillas.

En definitiva, una ocasión perdida para intentar poner de acuerdo a los españoles. Continuará el mal sueño de nuestras desdichas. Poblado encima por pendencias que muchos se esfuerzan en avivar. 

(Publicado en el periódico Expansión el día 20 de noviembre de 2020).

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Educación: gozoso horizonte

Por fin se ha logrado el gran avance en la enseñanza: el profesor podrá suspender pero, si lo hace, será a sabiendas de que su juicio negativo para nada sirve porque el muchacho/a pasará el curso sin dificultad.

¿Por qué suspendía un profesor? Yo lo he sido y he de reconocerlo: siempre por un complejo de superioridad respecto al pobre alumno y también por cabezonería, por pretender que ese joven indefenso supiera una porción de asuntos superfluos.  

Lo mejor del nuevo hallazgo es que erradica aquella pedantería que propiciaban las  notas diferenciadas, desde el suspenso hasta la matrícula de honor, creadoras de esos aires de suficiencia que gastaban los afortunados frente al pobre que arrastraba su desventura. Un mundo de afectación, de empaque y de pose exterminado de un plumazo por una ministra bien orientada. No es extraño porque ella misma experimenta a diario avances apreciables: si, al principio del ejercicio de su alta encomienda se expresaba con lamentables balbuceos, ahora cultiva formas de la oratoria, rudimentarias ciertamente, pero que tienen el aspecto de acabar convertidas en piezas discursivas florecientes.

Y lo mismo ha ocurrido con la supresión del español en los estudios. De nuevo la arrogancia, de nuevo la altivez presuntuosa: ¿para qué necesita enseñarse una lengua que hablan cientos de millones de ciudadanos? La protección y el mimo son necesarios para aquellas lenguas que no cuentan con ese privilegio, al fin y al cabo fruto de una injusticia histórica. 

Además, que el español está bien protegido lo demuestra la elegancia y el refinamiento con que se cultiva en las publicaciones oficiales.

Veamos un ejemplo: sabrá el lector/a que el mando supremo ha advertido el peligro que  nos acecha: la “desinformación” causada por la perversa labor llevada a cabo por periódicos, radios y demás. Ya era hora de que alguien se acordara de este desamparo en que vivimos. Pues bien, para conjurarlo se ha aprobado el “procedimiento de actuación contra la desinformación” y es en la Orden ministerial que lo acoge donde podemos leer lo siguiente:

“La Comisión permanente contra la desinformación se establece con objeto asegurar (sic) la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación. Será coordinada por la Secretaria de Estado de la Comunicación y presidida de forma ordinaria por el Director del Departamento de Seguridad Nacional que a su vez ejercerá las funciones de Secretaría”.

Cuando se logra esta prosa llena de belleza, de sutileza, prosa con destellos de festín aromático, alojada además en un sitio inusual, a saber, la oquedad desabrida de un Boletín oficial ¿para qué se necesita amparar una lengua como el español y enseñarla en las escuelas mareando a unos pobres niños/niñas?  

Parecidas esperanzas suscita la reforma de la educación universitaria. De nuevo se acusa al responsable ministerial tan solo de lucir camisetas estrafalarias y de aventar despropósitos. Olvidan esas gentes aviesas, cuyos derroteros ideológicos nos maliciamos, que por fin se ha creado en Madrid la “cátedra de Transformación Social Competitiva” que “surge como demanda de la sociedad para que la labor de las empresas no sea solo una maximización de las cuentas de resultado sino que busque el incremento del estado de bienestar”. Una cátedra que será vivero para “crear líderes alternativos, resetear el capitalismo, y hacer convivir la multicanalidad con la segmentación”, única forma de “empoderar al cliente”.

La ocupará – según se ha difundido- la esposa del actual presidente del Gobierno de España. Conseguida tras reñidas oposiciones.

Una poltrona académica que expresa el triunfo gozoso de lo “trans”: la transformación de una estupidez en una cátedra.

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La mejor columna

Una de las torturas más sutiles que padece el escritor es encontrar un asunto con el que cubrir ese par de páginas que se resisten sobre todo si está obligado a llenar la olla exprés con el producto de sus ocurrencias. Ramón Gómez de la Serna definía por eso el “artículo de primera necesidad” como aquel que hay que enviar al periódico para cobrar cinco pesetas.

Hay el columnista que trata asuntos políticos, es este la envidia de todos los demás porque se trata de un privilegiado al que le da el trabajo hecho la incontinencia verbal de los señores diputados y ministros, cuya facundia declaratoria parece estar pensada exclusivamente para venir en socorro de quienes tienen un contrato con una cadena informativa. Si no fuera porque esta persona dispone de una pluma diserta y se ocupa de estar bien informado y al día de todo cuanto acontece, podría decirse que estamos ante un parásito pues se alimenta a costa de organismos vivos a modo de comensal o inquilino. Para conjurar este estigma acaso no sería malo que pagaran al político a tanto la declaración, más cara cuanto más desaforada, porque es evidente que un dislate bien administrado da para varias columnas y para decorarlas además con un choteo que aumenta el prestigio y que pone eco al aplauso. Pero no me consta que sea así, antes al contrario, a veces este huésped o ácaro deja de parasitar porque ya le aburre esta actividad vicaria y se entrega directamnte a prácticas más emocionantes, asimismo relacionadas con la alimentación, como la antropofagia o el canibalismo: para ello introduce al pobre ministro o al cuitado consejero o alcalde en la olla de sus escritos, lo revuelve con el bolígrafo, lo especia con un poco de tinta y lo acompaña con unas originalidades ortográficas como guarnición, y ahí queda el padre de la patria listo para ser deglutido en compañía de los amigos más entrañables en medio de risotadas y otras muestras de ingenio. La columna se ha transmutado en picota. Si el columnista dispone además de una cadena de radio o de televisión, puede darse el gustazo añadido de lanzar al aire a su víctima como si fuera una cometa o cachirulo y dejarle mecido al pairo de los vientos.

Ahora está de moda también el columnista que se ocupa de asuntos económicos de una gravedad magnífica porque la economía (como la jurisprudencia o el estudio de las leyes) es una ciencia que exige a sus cultivadores una disposición de ánimo muy enteriza al abordar cuestiones de gran sustancia parecidas a esos objetos que están fabricados con un metal pesado. Son columnas que caen a plomo y en verdad que hay que ser muy aplomado para afrontarlas. Por eso, porque el autor no usa pluma sino plomo, deberían ser llamados estos escritos, mejor que columnas, pedestales pues son soporte, sostén de elucubraciones de gran alcance.

Luego están las que analizan las cuestiones banales que acaecen en la sociedad, son estas columnas de humo, por su trivialidad, por su descarada menudencia, y por ello lo menos parecido a la columna vertebral porque nada vertebran (ni aspiran tampoco a ello). Crean un espacio que quiere alimentarse de la libertad del juego o simplemente de poner alas a las palabras para hacer de ellas pájaros que cruzan el horizonte sin mayor fijación, en anhelo de atrevimientos. El esfuerzo que representan para nada vale porque son capricho, pura diversión, aunque sirvan para percibir la soldada; tienen de bueno que quedan en la conciencia del lector prendidas tan solo con alfileres, listas para ser alejadas y olvidadas al menor contacto que se tenga con la realidad agarbanzada. No son en rigor columnas sino simples postes que marcan una dirección, justo la que no se debe tomar.

De todas las columnas yo me quedo con la que desde siempre ha usado el anacoreta para vivir dedicado a la oración y a hacer frente desde lo alto de la misma a la corrupción de las costumbres. Es decir, la columna de los ermitaños como san Antonio Abad o san Benito, entregados al implacable yermo con la sonrisa en los labios. Hubo un tiempo en que la Iglesia tenía un voto que se llamaba “de estabilidad en la montaña” para garantizar que la afición a la columna no se desvaneciera al primer contratiempo.

Hoy nadie puede combatir el mal desde una columna pero sí podemos subirnos a ella precisamente para no tener que leer ninguna columna. Que es lo que yo aconsejo vivamente, muy especialmente las mías.

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Aplausos y abucheos

Se habla mucho de la “batalla de las ideas” que deben entablar los partidos políticos para modernizar España, una apelación que suena a la batalla de Stalingrado o a las Navas de Tolosa.  Pienso – con la circunspección que el asunto reclama-  que, si hablamos de ideas, hemos de recurrir, en esta coyuntura de la posverdad disruptiva, al mercado y al mercader que cuentan con una larga tradición y una experiencia secular.

Porque, en las últimas sesiones de Cortes, se ha visto, a la puerta del Congreso, en vez de un carrito con helados, uno que expende aplausos de la misma forma que el castañero ofrece sus castañas: en cucuruchos y a tanto por unidad.

-¿El señor diputado está servido con veinte aplausos y diez abucheos?

-No, quiero sesenta.  

-Entonces, son cinco euros. Pero si se lleva cien entre aplausos y abucheos le cobro seis euros. Vale la pena.

-Que sean los cien, a mí nadie me va a callar.

Y el diputado se va tan satisfecho, pavoneándose a la entrada del hemicirco como un pavo navideño.

Ahora bien, el que más envidia causa en las diferentes bancadas es el diputado que tiene una idea, solo una pero para él solo y que no compartiría ni con el jefe del partido. Porque su buen dinerito le ha costado.

Es este un privilegio de los diputados ricos que se permiten el lujo de comprar las ideas en establecimientos gourmet al tiempo que seleccionan buenas añadas. 

-Tengo una idea para la reforma de las globos de colores – le dice un vendedor solícito en el departamento exclusivo de “ideas e identidades regionales para idiotas”. 

El diputado que es menos rico o más tacaño espera a las temporadas de rebajas que hay siempre en los grandes almacenes. 

Pack especial: dos ideas y una identidad regional – se lee en los letreros luminosos.

Hay también la semana de oro donde proporcionan ideas para la reforma de la legislación de buñuelos de viento por precios que son de ganga. Así es fácil desempeñar un papel lucido en la Comisión de Majaderías que preside el Influencer más de moda.

Y luego está, desde hace poco, el blac friday, que hace furor porque la verdad es que ofrece bicocas. Se convierte uno en Ortega y Gasset por cuatro perras.

Lo más caro de todo es comprar un buen prejuicio o un dogma. Como se sabe, estos – el prejuicio y el dogma- nacen en el momento en que una idea es raptada por la sinrazón.

Cuando el asunto se pone feo es al convocarse elecciones y abrirse la pugna por los votos de los ciudadanos / as. Y ello porque entonces las ideas se ponen por las nubes al existir especuladores de ideas, acaparadores tan malignos que ponen al borde de la ruina a quienes tienen que abastecerse de ellas para airearlas en los mítines. Tanto es así que se ha propuesto la creación de silos de almacenamiento de ideas donde se puedan proveer los más pobres en las etapas de carestía. A mí no me parece descabellada la idea.

Todo sea por evitar el espectáculo de esos diputados que van pidiendo una idea por el amor de Dios en las puertas de los templos. O el lacerante de quienes tienen que pedir la idea prestada para un par de debates pagando unos intereses abusivos. O el de ese lastimoso indigente que se ve en la extrema necesidad de plagiar ideas ajenas.

La ley debe amparar, y con valentía, a estos menesterosos. 

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Alarma: otra chapuza más

Resulta pedagógico analizar la reacción de los gobernantes alemanes frente a la epidemia.

Existe allí una legislación de excepción – sería nuestro artículo 116 CE- aprobada en mayo de 1968 como una modificación de la Constitución. A nadie se le ha ocurrido invocar los instrumentos en ella contenidos para afrontar los efectos del virus actual. La respuesta legislativa, más comedida, ha consistido en la reforma de una ley que el Parlamento alemán tiene aprobada desde enero de 2001. Se trata de la conocida como “ley de protección contra las infecciones”.

Como nosotros contamos con un Estado descentralizado, tiene interés recordar las competencias en esta materia y su reparto entre la Federación (el Estado) y los Länder (nuestras CCAA). Se llaman competencias concurrentes. Pero, atención para el federalista español a la violeta: cuando, como consecuencia del ejercicio por los Länder de una competencia compartida, puedan verse afectadas la igualdad de las condiciones de vida de los alemanes en el territorio federal o peligre su unidad jurídica o económica, la Federación puede hacer uso de su competencia legislativa lo que supone que los Länder pierden la suya. La legislación federal se impone sin más sobre la legislación federada. En alguna otra ocasión hemos explicado – sin que nadie jamás haya hecho el más mínimo caso- que con esta regla en el ordenamiento español se suavizarían centenares de las tribulaciones que nos torturan. Pero ¿quien quiere entre nosotros un sistema federal?

Volvamos al virus. El 20 de marzo de este año, estamos ya en pleno crecimiento de la epidemia, se aprueba una breve modificación de la ley citada (completada en mayo). Según las nuevas previsiones, elParlamento puede declarar una epidemia “de importancia nacional” lo que en efecto se hizo el 28 de marzo. A partir de ese momento recibe el ministro de Sanidad una dilatada competencia reglamentaria que se extiende por muy diversos ámbitos y que ejerce en forma de “reglamentos jurídicos” de los que se han aprobado una dilatada lista. También los Länder, investidos de atribuciones, se han prodigado.

Desde el 28 de marzo las tareas médicas y especializadas de coordinación entre los Länder y entre estos y la Federación es ejercida por el Instituto Robert Koch, lugar donde los científicos centralizan los trabajos relativos a la epidemia.

Se pueden prohibir reuniones particulares, cerrar colegios total o parcialmente, confinar a personas, ordenar cuarentenas etc,respetando el principio de proporcionalidad. Procede la impugnación ante el juez pero los recursos no tienen carácter suspensivo. Se admite, no obstante, que dicho juez dicte medidas cautelares y se han detectado, con ocasión de los pleitos trabados, discrepancias en las respuestas judiciales. En fin, las infracciones de estas medidas se castigan con multas o con la privación de libertad.

Esta realidad está poniendo a prueba el sistema federal siendo el debate en estos momentos muy vivo. Desde quienes entienden que se está saldando con éxito hasta quienes creen que la epidemia ha puesto de relieve los límites de la descentralización federal. Entre los juristas se ha desatado la polémica acerca de la constitucionalidad de tanta exuberancia legislativa y también encontramos opiniones para todos los gustos: desde quienes las califican de autoritarias hasta quienes las acogen con indulgencia (por ejemplo el expresidente del Tribunal Constitucional, Hans-Jürgen Papier). Sin que nadie invoque la legislación de excepción a que hemos hecho referencia al principio de este artículo.

………….

Pues bien, frente a estos comportamientos polémicos pero precavidos, el Gobierno de España vuelve a conmocionarnos con una declaración de alarma. Cuando nos confinaron, muchos advertimos de su improcedencia pues el Gobierno no había respetado las previsiones constitucionales al suspender derechos fundamentales y regular de manera arbitraria algunas actividades. Si entonces la crítica derivaba de tal exceso, hoy el reproche procede de la imprevisión, de la imprecisión y de la intención de prolongar la alarma en el tiempo, estirándola como una goma de mascar.

Han pasado más de seis meses y ni el Gobierno ni sus aliados han presentado a las Cortes iniciativa alguna para aprobar un marco legislativo adecuado.

A nuestro juicio, el Gobierno no puede invocar “alarma”, un sintagma ligado al sobresalto o susto, cuando nos ha estado alertando de que en otoño volvería una segunda ola. Los estados excepcionales han de reservarse para situaciones inopinadas e imprevisibles: no es posible estar en continua alarma y excepción de la misma manera que no puede estar un despertador continuamente despertándonos. Padece la seriedad y se aboca a la trivialización de los conceptos. Un terremoto nos puede hacer temblar una vez, pero a partir de ese destrozo, se trata de fortalecer las construcciones; del mismo modo que una riada puede acabar con las cosechas, pero la siguiente encontrará un muro de contención así como compuertas para derivar los cauces.

Anegados por una primera ola, obligado era evaluar lo hecho tal como de manera insistente asociaciones científicas han reclamado (sin que nadie les haya hecho caso). Desde el punto de vista jurídico, es la legislación sectorial la llamada a acoger las respuestas, tal como se hace en la legislación local ante catástrofes o en la de seguridad ciudadana ante las alteraciones del orden público. En este caso es la legislación sanitaria donde deben precisarse las facultades extraordinarias, las actuaciones singulares, los instrumentos apropiados, atribuyéndolos a las autoridades sanitarias, como hemos visto han hecho los alemanes. Para reformar con cabeza y pluma jurídica la ley orgánica 3/86 no hace falta ser Solón (de hecho, se ha propuesto desde el primer partido de la oposición).

Por contra, durante estas semanas se han reunido las Cortes para ofrecer algún espectáculo bochornoso y también para aprobar seis leyes sin que ninguna se ocupe del mayor problema de nuestra sociedad. Es más, el Congreso ha desaprovechado la ocasión, al hilo de la convalidación de un Decreto Ley que incorporaba estrategias de coordinación sanitaria, de tramitarlo como una ley que incluyera previsiones – con carácter orgánico- para concretar facultades y medidas claras, graduadas y pertinentes. Y se sigue desaprovechando el tiempo: hace más de mes y medio se publicó una proposición para definir un marco de actuación en la legislación sanitaria y no hay avances.

No acaba aquí la chapuza de la inacción gubernamental porque con el nuevo Decreto se acumulan otras con cierta avidez: los tiempos son imprecisos, se introduce el toque de queda y se reducen los controles judiciales. En tal sentido, el texto afirma que “resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses” y, además, sin el imprescindible control por el Congreso de los Diputados; por si fuera poco se faculta a las autoridades autonómicas para que puedan “modular, flexibilizar y suspender” las medidas, incluido el propio toque de queda. De nuevo goma de mascar. Y todo ello cuando escuchamos a diario la cantinela de que el objetivo es dotar a la lucha contra el virus de plena seguridad jurídica y solvencia constitucional.

En fin, lo que alarma en el decreto de alarma es la imprevisión, la inconcreción y, por ende, la incorrección constitucional. Pregúntese el lector si soportaría que, en un concierto, estuviera sonando la alarma durante toda la interpretación, el director (el Gobierno) desatendiera de vez en cuando su batuta y cada instrumentista (las CCAA), sin partitura, intentara seguir una melodía de oídas. Espeluznante.

Una conclusión numérica: Alemania, 83 millones de habitantes, lamenta diez mil muertes. España, 47 millones de habitantes, llora la desaparición de treinta y cinco mil compatriotas (según cifras del propio Gobierno).

Publicado en el periódico El Mundo el día 28 de octubre de 2020.

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Música de palabras

Estas soserías deben hacer un esfuerzo para modernizar frases hechas aplicándoles el  tratamiento del progreso. Dicho de otra forma: se trata de hacer progresistas a esas locuciones que vienen de la noche de los tiempos y por tanto se hallan un poco apergaminadas.

Así, por ejemplo, diremos en el futuro:

Hoy sancheo más que ayer pero menos que mañana; sanchear y guardar la ropa; ni quito ni pongo rey, pero sancheo;  saber de qué pie sanchea una persona; fíate de sánchez y no corras; salir por los cerros de sánchez; nadie diga de este sánchez no beberé; sarna con sánchez no pica; sanchear y plagiar todo es empezar; donde dije digo, digo sánchez; dar una de cal y otra de sánchez; más pronto se conoce a un sánchez que a un cojo; de todo hay en la viña de sánchez; tomar las de villasánchez; sánchez para hoy, hambre para mañana … y todo en este plan.  

                                                        …………

En esta hora de desgracias también es preciso alumbrar dichos gentiles, donaires, bromas inofensivas que bauticé hace tiempo en un libro mío como “guindas en aguardiente”. Mis guindas llevan el ardor del agua en que se han macerado pero no quieren molestar más que lo indispensable. Son música de palabras. Aquí van unos ejemplos, sacados de la actualidad, que pueden servir para hacer llevadero el amargo presente: 

-No es lo mismo un gobierno en la sombra que un gobierno a la sombra.

-Ese político / a que nos aturde es de una ignorancia intensiva, metódica y sombría.

-Con los años, la salud se hace añicos.

-La estupidez del prójimo / a se mide por el tiempo que pasa al móvil.

-Por los pasillos de aquel Parlamento se arrastraban las leyes derogadas como fantasmas en nómina.

-Aquel político / a llevaba siempre consigo un asesor para recogerle la cara por si alguna vez se le caía de vergüenza.

-Un error que no comete jamás un “voyeur” diplomado ni un “viejo verde” es confundir el culo con las témporas.

-El presidiario que es hijo y nieto de presidiarios lo único que hace es estar a la sombra de su árbol genealógico.

-Por su afición, dijérase que aquel diputado vivía amancebado con su escaño.

-Para una tarjeta de visita: “Tarugo de estricta observancia”.

-Desde que ha muerto el marido, esa pareja ha ganado mucho.

-Era un hombre copiado.

-El esnob moderno pone las faltas de ortografía en inglés.

-El lugar común es la fosa común de las ideas.

-Es terrible pero en el Congreso de los Diputados no brillan más que las calvas.

-El canalla es quien ha hecho acopio de los escrúpulos y de la honradez y los ha enviado al desván para que se desvanezcan.

-Lo malo de hoy es que ya no necesitamos espejos cóncavos para ver el esperpento.

Y por ahí seguido …

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Una fullería, un pasteleo, un atropello

La historia del manoseo del Consejo del Poder judicial está embutida de enredos pero lo que se intenta perpetrar ahora entra en el terreno de la fullería. Una proposición de ley que pretende ser aprobada orillando los informes del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Comisión de Codificación y del Consejo de Estado. El primero con el argumento de que su mandato está caducado y los otros porque se teme que emitan una descalificación contundente. ¿O es que el Consejo de Estado se halla también en funciones?

El argumento es que el Partido Popular, al bloquear la renovación del Poder judicial, altera el funcionamiento de las instituciones. Y esto lo dicen quienes van a reformar una ley orgánica como la del Poder Judicial sin que el ministerio competente tenga la probidad de elaborar un anteproyecto, pasearlo por los ministerios, recibir la observaciones de sus secretarías generales técnicas, ser examinado por la Comisión de Secretarios de Estado … y llegar a la mesa del Consejo de Ministros. ¿Es que tal forma – osada, desembarazada- de actuar no supone una alteración del normal funcionamiento de las instituciones?

Los votos de los proponentes más los de quienes se presten a semejante pasteleo sacarán adelante la proposición si se les retribuye en forma. Culminado el atropello, se habrá facilitado la conquista del Consejo del Poder judicial. En él desembarcarán, sin necesidad de consenso alguno, aquellas personas designadas por el PSOE y Podemos. O por el PP y Vox cuando los dados electorales caigan en otra posición.

Si a ello se añade que a ese Consejo del Poder judicial corresponde nombrar a la élite judicial de forma discrecional, no hace falta ser un arúspice especialmente dotado para imaginar qué jueces van a ocupar los cargos influyentes de la magistratura. En 2018 se modificó el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ) para limitar las facultades discrecionales del Consejo a la hora de nombrar a esa élite judicial y por tanto someterse a reglas de mérito y capacidad. No tendrán dificultad los autores de la actual proposición en derogar ese artículo 326 y volver al sistema de designación sin cortapisa alguna. No quiero dar ideas a esos dos grupos parlamentarios, que las tienen y bien perversas, solo quiero advertir que, cuando cambien las mayorías políticas, no podrán extrañarse de que otros se entreguen con fruición a nombrar a los suyos.

Lo que se avecina es una hecatombe, el sacrificio ritual de la independencia judicial. Un valor que no parece tener importancia para quienes se rasgan las vestiduras porque se bloquean las instituciones.

Enfatizo una afirmación: los cinco mil jueces españoles actúan con independencia. Solo cuando aspiran a ocupar puestos relevantes han de someterse a embrollos político – asociativos.

Para garantizar la independencia de todos procede respetar algunas reglas:

Primera, los doce vocales deben ser elegidos por los jueces sin que intervengan las Cámaras legislativas.

(Publicado en el periódico El Mundo el día 14 de octubre de 2020)

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Trabucazo contra la independencia judicial

Precisamente fue la independencia judicial el tema que elegí para ingresar como académico de honor en la Academia asturiana de Jurisprudencia gracias a los buenos oficios de mi buen amigo Leopoldo Tolivar y a la amabilidad de sus miembros.

Sostuve en aquella ocasión que, para contar con una justicia independiente, es necesario que el juez -individualmente considerado- lo sea y para conseguirlo la receta es clara: pruebas públicas de ingreso, especialización como jurista (mercantil, laboral menores, contencioso …), carrera asegurada sin sobresaltos ni trampas, trabajo bien valorado, sueldo digno, jubilación asimismo reglada. Dicho de otra forma: un estatuto jurídico del juez regido en todo por el principio de legalidad, alejado de componendas políticas y asociativas.

Pese a lo que tantas veces se proclama, conviene recordar que en España la inmensa mayoría de los jueces -algo más de cinco mil- actúan con independencia respecto de los otros poderes del Estado y con imparcialidad respecto de las partes y ello porque su vida profesional está organizada según reglas legales, objetivas y previsibles.

¿Por qué se habla entonces de la politización de la justicia? Pues porque la élite judicial escapa a tales reglas al intervenir en el nombramiento de sus componentes instancias que participan de la sustancia política. Integran tal élite los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de salas de ese mismo Tribunal, los presidentes de la Audiencia nacional y de sus salas, los presidentes de Tribunales superiores de Justicia y asímismo de sus salas, en fin, los presidentes de Audiencias y los magistrados de las salas de lo civil y criminal competentes para las causas que afectan a los aforados.

Estos son los cargos que nombra el Consejo general del Poder judicial de forma discrecional con la intervención activa de dos asociaciones judiciales que se han repartido y se reparten los puestos a cubrir. Por consiguiente, lo que procedería es acabar con tales nombramientos discrecionales y para ello bastaría con modificar algunas pocas normas. Lo que en efecto se ha hecho en 2018 aunque de manera abiertamente insuficiente.

Pues bien, ahora, en lugar de afrontar este problema que es el central, lo que pretende el Gobierno de coalición es modificar la forma de elegir los vocales de ese Consejo desterrando las reglas que exigían consenso entre los partidos mayoritarios. Con la mayoría absoluta se podrán pues nombrar unos vocales que, atención, gozan de un inmenso poder porque, insisto, son quienes tienen en su mano la designación de los jueces más relevantes de España.

Y esta alteración del sistema tradicional la pretende hacer el Gobierno de Sánchez a través de una proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios de socialistas y de Podemos. Una estratagema porque lo obligado sería que el ministerio de Justicia elaborara un anteproyecto de ley, lo distribuyera entre los ministerios, recibiera las observaciones de las secretarías generales técnicas, pasara a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y llegara al fin a la mesa del Consejo de ministros, convirtiéndose así en un proyecto de ley, listo para ser enviado a las Cortes. Con un añadido sustancial: este proyecto (que no proposición) necesitaría los informes del Consejo del Poder judicial, del Consejo fiscal, del Consejo de Estado y de un órgano hoy en el olvido, la Comisión general de Codificación (integrada en el propio ministerio de Justicia). Al parecer, el presidente del Gobierno tiene poca confianza en la organización del Estado cuya Constitución ha jurado y por ello utiliza el atajo de la proposición de ley que no necesita tabarras de informes que vaya a usted a saber a qué molestas conclusiones llegan.

Quien me lea no debe olvidar que no estamos hablando de una ley cualquiera sino de la orgánica del Poder judicial, que forma parte del “bloque de la constitucionalidad”. Y que por ello merece un mayor respeto por parte del Gobierno.

El argumento político es que el Partido Popular ha bloqueado la renovación de ese Consejo y con ello está alterando el normal funcionamiento de las instituciones. Como si hacer pasar una ley de la envergadura de la que estamos hablando por la puerta acomodaticia de la proposición de ley no constituyera ya de suyo una alteración – y bien grosera- del normal funcionamiento de las instituciones.

La reforma se aprobará por supuesto porque contará con los votos de los grupos proponentes más los “desinteresados” que provengan de las filas nacionalistas, separatistas y filoetarras.

Culminada así la trapacería será posible el cerco y toma del Consejo del Poder judicial. Entrarán en él, sin la pejiguería del consenso que tanto tiempo hace perder, aquellas personas designadas por el PSOE y Podemos más el pago a separatistas etc.

Esto, hoy. Mañana serán los del PP, cuando las mayorías cambien.

Lo que se avecina es un trabucazo disparado contra la independencia de los jueces, al menos de los que componen esa élite judicial a que me he referido y que es la que preocupa a la clase política porque es la que conoce de los recursos y asuntos más importantes, juzga a los aforados etc. Al Gobierno le interesa tener controlado al Tribunal Supremo, lo que diga o resuelva el juez de Llanes le trae sin cuidado.

Todo esto es lo contrario de lo que impone el respeto a ese valor constitucional de primer orden que es la independencia de los jueces: de todos, de los que actúan en estrados imponentes y de aquellos que lo hacen en escenarios menos aparatosos.

Un respeto que incluye cuatro reglas. La primera sería que doce de los vocales del Consejo sean elegidos por los propios jueces sin intervención de las Cortes (los otros ocho de acuerdo con lo que dice la Constitución, artículo 122, 3). La segunda es que los jueces que componen la aristocracia judicial sean designados exclusivamente por razones de mérito y capacidad, no como resultado de pactos embolismáticos trabados entre las asociaciones judiciales. La tercera es que se suprima la facultad de que hoy disponen los parlamentos de las Comunidades autónomas de designar – con mecanismos estrictamente políticos- un magistrado para el Tribunal superior. La cuarta es prohibir las puertas giratorias entre la política y la justicia. Piense el lector que, en el actual Gobierno de España, hay tres ministros que son jueces. Pues bien, en el momento que dejen de serlo se instalarán en sus juzgados o tribunales para administrar justicia, sin despeinarse, como quien no ha roto un plato en la fiesta de la política.

Se empezó enterrando a Montesquieu y ahora ya estamos aprestando el horno crematorio para ir introduciendo en él a trozos el Estado de Derecho.

(Publicado en La Nueva España el día 15 de octubre de 2020).

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Alejandro Nieto: noventa años

En los países más respetuosos con las grandes personalidades se celebran sus setenta, sus ochenta, sus noventa cumpleaños con glosas de sus andanzas y de los trabajos que han ido tejiendo con brío, fuerza y paciencia. En España solo aplaudimos en el arrastre mortuorio como a los toros en el ruedo.

Sería una injusticia que así se procediera con Alejandro Nieto, ya nonagenario, uno de los sabios españoles que sigue cultivando una curiosidad intelectual entre escéptica y melancólica, pero siempre bien fecunda.

Nieto ganó por oposición – es decir, oponiéndose a otros candidatos, una práctica que las modernas leyes han desterrado – una cátedra de Derecho Administrativo enseñando en diversas Universidades españolas en la época en que el catedrático gozaba de movilidad y así de su entusiasmo por la docencia se beneficiaron alumnos de La Laguna, de Barcelona y de Madrid. Como conferenciante, oyentes de toda España.

Como jurista, Nieto nos ha desvelado las claves de los más intrincados rincones del Derecho Administrativo siempre con la mirada buida y la pluma pulida. Pero Nieto ha sido además historiador, ensayista y gestor público, como Presidente que fue del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha recibido premios como el Nacional de Ensayo y ocupa hoy un sillón en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Sus obras sobre la ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, la tribu universitaria, la organización del desgobierno, la corrupción en la España democrática reflejaron los cambios en Europa y los profundos males que aquejaban a la sociedad española y al decorado de cartón piedra de sus instituciones políticas. Resalto, porque se suele olvidar, su “España en astillas” (1993) con un sustancioso prólogo donde se destaca la persecución que sufrió por haberse creído que en España regía la libertad de expresión. Todo ello fue escrito por Nieto en un momento temprano cuando la mayoría de la población y de los intelectuales vivían acunados disfrutando de una España encantada consigo misma.

A “los primeros pasos del Estado constitucional”, que explica la Regencia de María Cristina de Borbón, hay que unir decenas de estudios históricos relacionados con nuestros siglos XIX y XX. En breve podremos leer la monografía que ha dedicado a la Primera República Española, que sale en un momento bien oportuno, cuando tanto botarate está elevando tal forma de Estado al altar ante el cual va a arder un pebetero con los mejores perfumes españoles.

Alejandro Nieto es además un tipo entrañable, provocador y divertido y, sobre todo, alejado de las convenciones. Es precisamente por esta condición una suerte de sublevado muy original, un sublevado que no combate los molinos de viento sino el viento mismo, el viento que arremolinan las mentiras y las gilipolleces sociales. Gasta boina barojiana con cuya mala leche es obligado emparentar la de Nieto.

Es el jurista que despotrica de los juristas porque cree que cultivan una palabrería de cementerio, de sepulcros blanqueados, de palabras fusiladas por la conveniencia y luego mal enterradas. Pero, al mismo tiempo, él ha da dado a la jurispericia días de gloria y de vida vívida, no acartonada ni untada de afeites.

Ha descorrido en sus obras los cortinones de las instituciones sociales para enseñarnos que son poco más que belén de Navidad. Es también el jurista que ha querido despojar a las mentiras de la falsa seriedad de su traje de etiqueta. Y eso sobrevivirá de su obra, aunque la sociedad le haya retribuido con una desdeñosa indiferencia.

Alejandro Nieto es, en fin, un escultor que usa como material para sus obras sus sueños de sublevado. Y, al cabo, él, que tan duro es con tantos, se enternece con un paisaje del Cerrato y perdona a la humanidad sus despropósitos desde aquellos azules que a la tierra empapan en su eterno juego de luces. Y les da su bendición de monje que ora en las soledades, pues Alejandro tiene también aire frailuno, de fraile severo y sotana castigada por la austeridad y los años fértiles.

Felicidades, maestro.

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