Con un poco de frivolidad se define al gobierno actual de España como incapacitado para sacar adelante un coherente programa político al carecer de una mayoría para aprobar leyes.

La pregunta que nos hacemos las personas con discreción y una cierta habilidad natural para entender las cosas con buen sentido es ¿para qué se quieren más leyes?

¿Alguien se ha ocupado de echar un vistazo a las colecciones legislativas oficiales? ¿no ha advertido que contienen miles y miles de páginas, embaldosadas de artículos, exposiciones de motivos, jerigonzas, disposiciones derogatorias, contradictorias y superfluas? ¿no se sabe desde Quevedo que «no hay hoy disparate en el mundo tan grande que no tenga ley que lo apoye»?

En verdad, no existe excusa para ignorar lo que acabo de señalar porque, para cerrar el argumento con galanura, añadiré que, ahora, todo ese material insalubre, nocivo y peligroso se halla metido en el mundo esotérico de los ordenadores, de manera que, con solo apretar una tecla, nos sale una catarata que nos inunda y nos arroja a los arcanos del universo porque no hay jurisperito ni casuista capaz de ensamblar su contenido y dotarle de esa columna vertebral que es la coherencia.

Solo un jumento puede ignorar lo que estoy sosteniendo.

Decía Erasmo que «la vida humana no es nada más que un juego de locos» pero, si hemos llegado a este calamitoso estado, es por culpa de ese desparrame que nos amenaza de leyes, reglamentos, ordenanzas, rescriptos, códigos, estatutos, directivas y otras poligrafías (y pornografías).

Además, el gobierno, con buena puntería política, apurando sus escasos apoyos y explotando sus muchas habilidades, ha conseguido restaurar la vigencia de las dos leyes más importantes que rigen nuestra convivencia.

Me refiero a la ley del embudo y a esa otra ley donde se afirma que «la moneda mala expulsa a la buena».

Estas, y no otras, son las leyes que nos gobiernan y lo hacen con la tiranía de un versículo bíblico milenario. 

Por la primera, la del embudo, se rigen los trapisondas que el poder político ampara. ¿Cómo podríamos entender, si no fuera así, que un delincuente, buscado por el Tribunal más solemne, determine lo que es benéfico para los españoles y lo que es dañino? ¿Cómo comprender que sean los emisarios del gobierno quienes se postren de hinojos a sus pies en tierras lueñes, tierras de herejes, para recabar de él las bendiciones con las que poder seguir estirando el ludibrio y el bodrio?

La otra ley, la que enseña que la moneda mala expulsa a la buena, es la que explica que los grupos parlamentarios no sean tales.

¿Por qué? pues porque un grupo se compone de una pluralidad de seres que conservan sus propias individualidades y hoy estas se han desvanecido para trasmutarse e integrarse en un «montón», o sea, en una mezcla cuyos integrantes han renunciado a su propia e intransferible mismidad.

Es lícito preguntarnos: ¿por qué se ha producido este fenómeno? Pues porque los parlamentarios no quieren transgredir la segunda ley que he citado, en virtud de la cual lo malo expulsa a lo bueno. Un mal entendido ejercicio de su oficio les lleva a observar esta puntillosidad.

De donde se sigue que el gobierno dispone de las dos leyes que necesita y no debe perder el tiempo buscando otras y exponiéndose a humillantes revolcones parlamentarios.