Jueces y pactos

Una y mil veces será necesario insistir: la Justicia española es independiente porque está administrada por jueces que han sido seleccionados por medio de duras y competitivas pruebas públicas, añadidas a la superación de un curso en la Escuela Judicial.

¿Por qué se habla pues de la politización de la Justicia? La razón estriba en el hecho de que la Constitución diseñó un órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la mejor intención por parte de los constituyentes, pero con un resultado que, visto con la distancia del tiempo, es un estropicio cuya dimensión se advierte ahora cuando lleva varios años sin poder renovarse.

Ello se debe a que, desde el primer día, el Consejo ha sido el objeto de deseo de los partidos políticos, primero, y de las asociaciones judiciales, después. Y es que, si miramos sus sucesivas composiciones, veremos reflejado en ellas con nitidez el pacto de hierro que ha dominado nuestra democracia durante años entre el PSOE y el PP, con la ayuda «desinteresada» de los nacionalismos vascos y catalán. Hasta el momento actual, cuando el PSOE lo ha roto para contraer nupcias con los separatismos y con partidos poco entusiastas del orden constitucional vigente.

Como el CGPJ es intocable por estar anclado en los preceptos constitucionales (aunque este órgano no existe en muchos países democráticos), lo que procede es desactivar de forma prudente pero decidida sus atribuciones. Sobre todo las referidas a los nombramientos discrecionales de la élite judicial, compuesta básicamente por los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores y las Audiencias. Que los concretos magistrados que ocupan estos cargos son personas de probada solvencia profesional nadie lo duda. Como tampoco nadie puede dudar de que su llegada a tales puestos se ha debido a su cualificación, pero también a complicadas estrategias de poder urdidas por las asociaciones judiciales que controlan el CGPJ.

Solucionar esto resulta relativamente sencillo desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, pues se trataría de que los citados nombramientos discrecionales se sustituyeran por mecanismos más cercanos a reglas objetivas. Fórmulas hay varias y precisamente en estos momentos el presidente interino del CGPJ ha adelantado algunas que merecen ser estudiadas con respeto.

Añado una picardía: el día en que la llegada a la cumbre de la carrera judicial sea fruto de concursos reglados, ese día el interés por figurar como vocal del CGPJ habrá decaído de forma sustancial.

Otra anomalía es perentorio desterrar: la de las «puertas giratorias» entre la Justicia y la política. El espectáculo de jueces, ministros del Gobierno, que pueden volver a administrar justicia sin despeinarse al día siguiente de dejar sus poltronas es deplorable. Ningún ciudadano sensible puede aceptarlo por lo que tiene de erosión de la imagen de independencia de esas personas cuando vuelven a vestir la toga y lucir en ella las puñetas.

Dicho esto, la noticia de las propuestas formuladas ayer por el presidente del Partido Popular al del Gobierno están bien planteadas; entre ellas, la oferta a las autoridades europeas para mediar entre los políticos españoles. Ahora bien, no tocan los asuntos básicos que he tratado de explicar, porque se refieren tan solo a la composición del CGPJ. Sin ánimo de ejercer de aguafiestas, adelantaré que reformas de tal composición hemos vivido en otros tiempos, unas más aviesas, otras más castas, pero ninguna de ellas ha logrado extirpar el mal «político» que ha desprestigiado a la institución.

(Publicado en El Mundo el día 23 de diciembre de 2023).

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Publicado en: Artículos de opinión, Blog
Un comentario sobre “Jueces y pactos
  1. Anna Casaus dice:

    «…la Justicia española es independiente porque está administrada por jueces que han sido seleccionados por medio de duras y competitivas pruebas públicas».

    ¿Parten todos los opositores en igualdad de condiciones? ¿O, por casualidad, algunos: nepotes, hijos, allegados de jueces y/o altos funcionarios llegan al examen/exámenes sabiendo las preguntas que van a ser formuladas? Por otro lado, ¿es imparcial el tribunal evaluador? ¿O al hijo del magistrado X le damos un 9,5 porque «es de los nuestros»? Es un hecho que en un porcentaje muy elevado, los nuevos jueces y fiscales son familiares de magistrados y altos funcionarios, ¿tienen adn de juez?

    Un saludo.

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