Ministros y chanchullos. (Lecciones desde la Historia)

Testimonios de un jurista mayúsculo: Alejandro Nieto - delajusticia.com -  El rincón jurídico de José Ramón Chaves

A un profesor universitario jubilado – como es mi caso- le resulta gozoso advertir cómo un colega, que ve la vida desde el otero de los noventa años, se mantiene en fecunda actividad abordando asuntos que, aunque referidos a una época pretérita, emiten inequívocos, maliciosos y certeros mensajes al observador contemporáneo. Este es el caso de Alejandro Nieto, quien no da puntada sin hilo cuando aborda la Primera República (Comares, 2021) y ahora “La responsabilidad ministerial en la época isabelina” (Iustel, 2022).

Para el constitucionalismo del siglo XIX la responsabilidad personal de los ministros, exigida de acuerdo con un procedimiento transparente, era un principio básico de la luminosidad que debía proyectarse sobre la res publica, en contraste con la oscuridad que había sido habitual en la monarquía absoluta. Por eso ya en 1835 se empezó a discutir un proyecto destinado a regularla, empeño difícil pues nadie tenía una idea clara acerca de la determinación de las irregularidades que podían desencadenar la exigencia de esta singular responsabilidad. Sobre todo si se sabe que contra los ministros existía, por un lado, el voto de censura cuando de un asunto político se trataba y, por otro, el juicio ante los tribunales ordinarios, cuando hubieran incurrido en un ilícito civil o criminal. El espacio propicio para alojar este tipo de responsabilidad se buscó en conceptos vagos como “alta traición”, “graves y notorios perjuicios del Estado” “distracción de caudales públicos” … Pero debemos saber que los esfuerzos destinados a articular un régimen jurídico solvente de esta pieza constitucional fueron baldíos por la disolución precipitada de las Cortes y porque las siguientes, después del motín de la Granja, no se volvieron a ocupar del asunto.

En tal circunstancia, las acusaciones a los ocho ministros que Nieto estudia tuvieron que basarse en las escasas disposiciones constitucionales existentes en cada momento. Conviene aclarar que de estos procesos no conocieron los jueces sino que se desarrollaron en el seno de las Cortes: la acusación correspondía a la Cámara Baja (Estamento de Procuradores, luego Congreso); la instrucción y la sentencia a la Alta (Estamento de ilustres próceres, luego Senado).

Entre los nombres de esas ocho personalidades empapeladas hay algunos que siguen sonando a cualquier español culto. Es el caso de Javier de Burgos, citado por ser el autor de la división provincial que aún hoy subsiste. Este primate de la política y de la literatura (pues fue autor teatral y poeta) se vio envuelto en la tramitación y gestión del llamado “empréstito Guebhard” convenido con este modesto banquero para hacer frente a la bancarrota en que se hallaba España al término del llamado Trienio liberal (otras fuentes de recurso al crédito estaban a la sazón cerradas para nuestro país).

NIETO, Alejandro: Responsabilidad ministerial en la Época Isabelina, Iustel,  399 Páginas

Pues bien, tal operación financiera adquirió notoriedad años después, en las primeras Cortes de la Regencia de doña María Cristina, cuando al gobierno de Martínez de la Rosa se le ocurrió presentar un proyecto de ley que pretendía arreglar la deuda (objetivo melancólico por eterno de aquellos gobernantes y de los actuales). Tal texto reconoció los empréstitos celebrados antes y después de 1823 pero excluyó el de Guebhard. Burgos había actuado como comisionado real en su gestación, circunstancia que le metió de lleno en un avispero político del que trató de escapar utilizando, entre otros medios, su fecunda pluma. La tesis de Nieto es que Burgos nunca fue acusado con imputaciones precisas ni nada reprochable se le probó por lo que solo queda a día de hoy “la sombra de una duda que no llega a tocar ni su culpabilidad ni su inocencia”. Pero que, pasado tanto tiempo, aún mancilla su nombre.

Pocos en España desconocen el barrio madrileño de Salamanca. Si bien algunos pueden identificarlo con la hermosa ciudad castellana, lo cierto es que quien le puso el nombre fue un empresario y banquero del siglo XIX llamado José María de Salamanca y Mayol quien accedió a la nobleza con el nombre de marqués de Salamanca, años después de los sucesos que le llevan a salir en este libro de Nieto (concretamente en 1863 y por largueza de su amiga, la reina doña Isabel II).

Este personaje – ciertamente de novela- obtuvo jugosos rendimientos de sus múltiples negocios, en la construcción, la banca, el ferrocarril, la especulación bursátil … pero, como no es infrecuente, soportó asimismo notorios descalabros, tantos que al decir de uno de sus piadosos contemporáneos “no halló otro medio de salir de un atolladero que el de hacerse ministro de Hacienda”. Y ahí fue su desgracia pues, perteneciente a una facción de los moderados, tuvo enfrente encarnizadamente a la otra facción y por supuesto a los progresistas. De manera que le empezaron a buscar las vueltas porque, como bien dice Nieto, “la sensibilidad política española admite de grado o de fuerza, ya que no existe otro remedio, que la política esté fatalmente influida por los intereses económicos y financieros, pero exigiendo, quizás por razones estéticas, que la presión se ejerza en la sombra. Su hipocresía no le permite tolerar que los que de veras mandan actúen como protagonistas en el escenario político. Salamanca no respetó esa regla y fue sacrificado implacablemente”. Y concluye Nieto, dándose ánimos: “Vistas así las cosas, su acusación no fue totalmente inútil. Dios escribe con renglones torcidos”.

Porque Salamanca fue empapelado en varios expedientes – ferrocarril de Aranjuez, indulto a unos defraudadores de Hacienda, conversión de libranzas a favor de la Casa Real y de un compañero de andanzas- lo que le hizo pasar una crujía porque, aunque pudo comprobar que contaba con amigos, lo cierto es que se oyeron discursos incendiarios contra él en sede parlamentaria y, en la opinión pública, los rumores circularon con las peores intenciones. Ya se sabía que la “calumnia è un venticello …”, al menos desde 1816 cuando se estrenó en Roma “El Barbero de Sevilla” rossiniano.

Lo curioso es que, después de muy aparatosos aspavientos, el asunto Salamanca quedó en nada y ello porque, gracias a una argucia, la comisión parlamentaria que había de formalizar la pieza acusatoria fue dominada por los amigos del banquero/ministro. Se impidió así que llegara al Senado y, con el tiempo, esa eficaz goma de borrar, las acusaciones fueron olvidadas por completo.

El libro de Nieto se lee como una novela (o como un libreto de ópera a la espera de la mágica aparición del compositor), repleta de intrigas, conspiraciones y embrollos. Junto a los personajes citados salen otros, así el conde de Toreno y sus negocios financieros, don Salustiano de Olózaga y la firma de un decreto por la niña-reina Isabel II, don Esteban Collantes y el acopio de cargos de piedra para construir carreteras … Nadie puede aburrirse con sus casi cuatrocientas páginas.

Al final, la responsabilidad ministerial, bandera de una nueva política, quedó en nada al ser utilizada en el enfrentamiento político “de una manera absolutamente desviada y, sobre ello, trivializada, como un instrumento más de la lucha de partidos, acelerándose de esta forma su degradación e inoperancia”. Un fracaso institucional “sin paliativos”.

Queda destacar la actualidad del asunto. En palabras de Nieto “los escándalos de la primera mitad del siglo XIX tienen una singular modernidad o, lo que es lo mismo, los escándalos de hoy tienen unos antecedentes perfectamente identificados. La picaresca política española es un fenómeno histórico constante como repetido es el fracaso de sus intentos de represión, indefectiblemente teñidos de hipocresía … Saltan a la vista las coincidencias de acciones irregulares y de reacciones políticas y sociales. Cambiando nombres y fechas siempre es lo mismo”.

De ahí la lección imperecedera que imparte el Profesor Nieto en este libro.

Publicado en: Blog

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