La Primera República Española

La obra que acaba de publicar Alejandro Nieto “La Primera República Española. La Asamblea Nacional febrero-mayo 1873” (Ed. Comares, 2021) robustece el conocimiento de ese periodo porque su “historia política ha quedado un poco arrinconada en las bibliotecas y sobre todo en las estanterías de las hemerotecas, en contraste con el enorme atractivo que desde la Transición han despertado la ideología republicana y la federal”.

En 1868 existía en España un movimiento republicano pero no había un partido republicano. Tuvo que llegar Pi y Margall “hombre laborioso, burocrático, meticuloso, escrupuloso, tenaz e inflexible” para que se empezara a crear con la ayuda de otros “primates” cuyos apellidos eran Figueras, Salmerón y Castelar.

Dirigentes que tenían complicado responder a la pregunta venenosa “¿qué es la República Federal que queréis traer …”? lanzada en las Cortes por Echegaray. Nadie parecía estar en condiciones de explicarla porque en el siglo XIX la idea federal era antes una fe que una doctrina. Habría de llegar el libro de “Las nacionalidades” de Pi y Margall para ser expuesta pero esto se produjo en un momento en el que ya la experiencia republicana era historia (1877).

Nieto, empero, desempolva materiales que le permiten acotar el contenido del credo republicano federal: reconocimiento de la nación española, depositaria de la soberanía popular, única e indivisible; esa nación se estructuraría en organizaciones políticas: municipio, estado provincial, estado cantonal, estado federal; todas ellas con una autonomía que no era otorgada por el Estado nacional sino que era este el que existía gracias a un pacto; en fin, cada estado podía formular sus políticas en función de los intereses alojados en su esfera de competencias. 

Tales ideas nunca pudieron formalizarse porque esta experiencia republicana careció de una Constitución. Desde el primer momento se insistió en el compromiso de la República con el mantenimiento del orden público habida cuenta del miedo a un desbordamiento callejero y al fantasma de la Comuna de París que aún arrastraba sus cadenas de pavor entre buena parte de la población española. Elevado a santo y seña el respeto al orden público, cuando lo que los españoles vieron fue el movimiento cantonalista desparramado en tantos lugares de España, la República se desplomó. ¿Qué dejó? Un mito con fuerza porque en eso consisten los mitos que se alimentan, no de la razón, sino de la fe y la ilusión de sus beatíficos seguidores.

En efecto, el 11 de febrero de 1873 se proclamó la República, caída como una fruta del árbol de la historia del que colgaban las torpezas de Isabel II, la Revolución de 1868 y la renuncia de don Amadeo.  Su vida se desarrolló en tres etapas: la primera, herencia del amadeísmo ya que las Cortes elegidas en 1872 fueron las que proclamaron la República;  en la segunda sesionaron unas Cortes constituyentes que fueron disueltas por el general Pavía y una tercera etapa en la que la República, ya sin poder legislativo y con un gobierno provisional dirigido por el general Serrano, murió con el golpe de Estado del general Martínez Campos. 

Los políticos republicanos tuvieron el poder en la mano sin saber qué hacer con él por lo que el experimento se frustró. Tuvieron que aguardar sesenta años para que volviera una ocasión propicia similar que “se dilapidó con la misma inconsciencia”. 

Cuando don Amadeo renunció a la Corona, Congreso y Senado se convirtieron en Asamblea Nacional que asumió la soberanía y proclamó la República sin aclarar si sería unitaria o federal, decisión que tomarían las Cortes Constituyentes.

La Constitución de 1869 continuó vigente salvo en lo tocante a la institución monárquica.

Concebida la Asamblea como una Convención, el Poder Ejecutivo era su delegado. El Gobierno lo encabezó Figueras figurando en él como ministros, entre otros: de Estado, Castelar; de Gobernación, Pi y Margall; de Gracia y Justicia, Salmerón; de Hacienda, Echegaray. Tal Asamblea respaldó proyectos de ley rutinarios y, si tenían mayor importancia, reflejaron los intereses de los grupos de presión, a la manera tradicional. Cuando ya se metieron en harina, se advirtió la heterogeneidad del Gobierno y ello condujo a la primera crisis del gabinete acompañada de una conspiración, también del más tradicional estilo. A esas alturas el poder político no estaba solo en la Asamblea sino en la calle, en las logias y en los cuarteles.

Tenemos ya los ingredientes del camino hacia la consolidación de la República: el gobierno de Figueras y la Asamblea (Nacional y de naturaleza Convencional). Esta, en una segunda etapa provisional, se liquidaría para ser sustituida por una Comisión permanente con funciones limitadas a “vigilar” al Poder Ejecutivo pero con un arma suprema, la de convocar la Asamblea, competente para cesar a ese Poder que presidía Figueras. 

En estas condiciones se intentó un golpe de Estado el 23 de abril de 1873 cuando los milicianos republicanos interrumpieron una sesión y expulsaron a los comisionados, igual que nueve meses más tarde haría el general Pavía.

Fracasó esta intentona pero triunfó el “auténtico golpe de Estado”: la disolución de la Comisión permanente de la Asamblea, lo que ya permitía una dictadura gubernamental, es decir, manos libres para decidir la política que esperaban los republicanos. Al no acertar se creó una masa de españoles desencantados.

Las Cortes constituyentes se convocaron por decreto de 3 de abril de 1873. Se aumentó el censo con la rebaja de la edad para votar pero la abstención fue del 60% y las manipulaciones electorales abrumadoras. 

Instaurar “la Federal” era a la sazón un sueño pero, cuando estaban despiertos, a los españoles les preocupaban otros asuntos: la guerra civil carlista; la insurrección cubana y la esclavitud portorriqueña; las quintas y matrículas de mar; la Hacienda; los privilegios de la Iglesia y el Ejército; la cuestión social y el orden público. Nada sustancial se cambió en la Hacienda (fuera de allegar recursos con la venta de las minas de Riotinto) ni tampoco en las relaciones con la Iglesia. Respecto a la Justicia, se abrió la puerta para que llegaran a los estrados muchos “jueces” entusiastas tocados con el gorro frigio.

El mantenimiento del orden público fue una cuestión central y así la primera Asamblea del Partido Republicano Federal (1870) proclamó su condición de “partido de orden”.

Sin embargo, a tal partido de orden se le acumularon precisamente los desórdenes: en Málaga y otros lugares de Andalucía, en Extremadura, en Cataluña por citar ejemplos producidos en una España convulsa, cuya expresiva muestra era la proliferación de las Juntas locales que actuaban en lugar de los Ayuntamientos. La Junta de Barcelona disolvió la Compañía de Jesús y parecidos despropósitos se produjeron en otras provincias. Algún alcalde comunicó a la superioridad haber procedido “con el mayor orden al completo reparto de los bienes de esta jurisdicción entre el vecindario de la misma”. Lo mismo ocurrió con la proclamación de estados o cantones en Cartagena, en Valencia, en Sevilla, en Jaén, en Granada, en Salamanca, en Alcoy, en Galicia “donde hubo veleidades de colocar al estado gallego bajo la protección de Inglaterra”.

Y para hacer frente a ellos el Gobierno disponía de la Guardia civil, los Carabineros del Resguardo de Hacienda, las Milicias municipales y provinciales y, como último pero necesario recurso, un Ejército que se hallaba en pendenciera indisciplina.

“La catástrofe final estaba ya anunciada [porque] cuando se estudian las ideas federales y no se tiene en cuenta la realidad de su entorno, lo que se consigue es una historia de una utopía, de una ilusión engañosa”.    

Minuciosa investigación. Quedamos a la espera de que el maestro Nieto, que disfruta de unos fecundos noventa y un años, desmenuce con la misma solvencia el resto de la aflictiva vida de esta Primera República española. 

Publicado en El Mundo el día 30 de octubre de 2021.

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Publicado en: Artículos de opinión, Blog

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