Independencia en la Justicia

La necesidad de renovar altos cargos judiciales y el incalificable nombramiento de una señora abiertamente comprometida con un partido político como Fiscal General del Estado ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la independencia judicial. Acierta el PP, que tiene la llave en la mano, al plantear el asunto en el marco de una negociación amplia (“pacto global” en su terminología) que no reduzca su papel al intercambio de nombres. Corregiría así, por fin, lo que ha sido su práctica infame durante decenios. Por su parte, haría bien Ciudadanos en incorporarse a la propuesta del PP porque no haría sino impulsar una iniciativa que ya puso en marcha el grupo parlamentario naranja durante el Gobierno de Rajoy. Ahora, además, ayudaría a la señora Arrimadas a mostrar el valor de las menguadas fuerzas de que dispone, ese fruto amargo recogido de la siembra de los errores cometidos en la pasada legislatura.

Se me permitirá que repita ideas ya expuestas de forma sucinta en varias ocasiones y de forma pormenorizada en mi libro “La independencia del Juez: ¿una fábula?” (La Esfera de los libros, 2016).

Plantear la polémica – como parece quiere hacer ¡una vez más! el PP- de la independencia en torno a la composición del Consejo general del Poder judicial poniéndonos a discutir si la elección de sus vocales ha de atribuirse a los galgos (las asociaciones judiciales) o a los podencos (los partidos políticos) es errar el tiro.

Para aclararnos procede recordar a los desmemoriados que en España la inmensa mayoría de los jueces – más de cinco mil- actúan con independencia respecto de los otros poderes del Estado y con imparcialidad respecto de las partes que a ellos acuden porque su vida profesional está organizada según reglas legales, objetivas y previsibles.

¿Por qué se habla entonces de la politización de la justicia? Pues porque la élite judicial escapa a tales reglas al intervenir en el nombramiento de sus componentes instancias que participan de la sustancia política. Componen tal élite básicamente los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de salas de ese mismo Tribunal, los presidentes de la Audiencia nacional y de sus salas, los presidentes de Tribunales superiores de Justicia y asímismo de sus salas, en fin, los presidentes de Audiencias y los magistrados de las salas de lo civil y criminal competentes para las causas que afectan a los aforados.

Estos son los cargos que ha nombrado tradicionalmente el Consejo general del Poder judicial de forma discrecional con la intervención activa de dos asociaciones judiciales que se reparten los puestos a cubrir. Pero como esta práctica ofrece muy mal aspecto pues no encaja en las maneras de un Estado de Derecho digno, ha sido el propio Tribunal Supremo el encargado de recortar las alas del Consejo obligándole a motivar sus decisiones en una serie de sentencias importantes. Pues bien, mi tesis es que, si el Tribunal Supremo sigue transitando por este camino, lo que es deseable, se llegará, a costa, eso sí, de pleitos y pleitos, a nombramientos reglados, es decir, se acabará descubriendo el mediterráneo del concurso. Esto es justo porque el juez -cubierto de canas y ahíto de trienios- que aspira a estos cargos distinguidos no se merece la humillación que supone una negociación ruborosa en el seno del Consejo, epicentro de peleas y de pactos embolismáticos entre las asociaciones judiciales. Así lo lleva pidiendo desde hace tiempo el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Tal es la senda que pareció iniciar la reforma del artículo 326 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé la “convocatoria abierta” a magistrados con un baremo para cubrir las plazas a las que vengo refiriéndome. El Consejo, además, modificó en marzo de 2016 el Reglamento destinado a regular la provisión de plazas discrecionales. Sin embargo, por la vaguedad del conjunto de las previsiones en vigor, me parece que está todavía lejos el día en el que los méritos para ascender y llegar a la máxima dignidad en la carrera judicial se liberen de los enredos asociativos y sean el resultado de valorar de forma determinante la antigüedad profesional y el ejercicio real de funciones jurisdiccionales.

Tan reprobable como estos nombramientos discrecionales es que el ascenso a las alturas judiciales no sea el final sino el comienzo de otra carrera, la política, si el juez se porta bien y complace a los partidos que pueden promocionarle aquí o allá: a magistrado del Tribunal Constitucional, a ministro, a consejero de Estado, a diputado … Me abstengo, por no sacar los colores a personas bien conocidas, de poner nombres a lo que describo, tarea que sería muy fácil y demoledora pues está en los periódicos de forma constante (todas las elecciones son una buena prueba de ello). Su simple lectura demuestra bien a las claras la existencia de un trasiego execrable. Es decir que la legislación de la democracia española tolera ¿o fomenta? el paso de la justicia a la política y de la política a la justicia sin que tales saltos acrobáticos dejen huella alguna en el juez que los practica por muy desmañado que sea para tales habilidades: hoy con las puñetas en el Tribunal Supremo, mañana de ministro o en otro cargo político, pasado vuelta a las puñetas como quien no ha roto un plato. Acabar con esta práctica no exige más que prohibirla retocando levemente la Ley orgánica del poder judicial. Mientras tanto la labor crítica que se ejerce desde algún Observatorio independiente de jueces es, con sus limitaciones, muy higiénica.

II

Por lo que se refiere al Fiscal general del Estado no puede extrañar, y menos tras lo ocurrido hace poco, que exista en la opinión pública la idea de que se trata de un puesto ocupado por persona cercana al poder Ejecutivo y cuya actuación va a estar trufada por el partidismo. Para evitarlo se ha introducido en su nombramiento un trámite de audiencia en sede parlamentaria, se han tratado de objetivar las causas de cese y se le obliga a contar con la Junta de fiscales de Sala (los equivalentes de los magistrados del Supremo) cuando quiera impartir instrucciones a sus subordinados en una cuestión que afecte a miembros del Gobierno. Cautelas que no despejan el halo de politización abierta del cargo que ningún observador de la realidad puede poner en duda.

Tampoco el hecho de que exista la citada comparecencia del candidato en el Congreso de los Diputados y la audiencia del Consejo General del Poder judicial. Teóricamente el esquema es atractivo: un cargo cuyo nombramiento ha recorrido los pasillos de los tres poderes, el Ejecutivo que propone más el legislativo y el judicial. Todo ello coronado precisamente con la intervención de la Corona. La realidad es bastante menos brillante porque estas diligencias son en la práctica simples trámites que difícilmente van a hacer descarrilar el nombre que el Gobierno ha puesto en circulación.

Para corregir este estado de cosas, de nuevo hay que empezar, en primer lugar, por desactivar muchas de las atribuciones del (la) Fiscal General del Estado, acaso el cargo que se ejerce de forma más desembarazada en nuestro sistema político, mucho más desde luego que el del presidente del Tribunal Supremo. En segundo lugar, para su elección, se pueden barajar distintas fórmulas pero creo que, si de verdad se quiere alejar este nombramiento de manera creíble de las sospechas de parcialidad, lo mejor sería el sorteo entre aquellos magistrados del Tribunal Supremo y fiscales de Sala que quisieran voluntariamente participar en él. La persona “premiada” con la bola de la suerte sería asumida por el Gobierno y se podría continuar con la tramitación hoy prevista hasta desembocar en la firma regia (la citada comparecencia parlamentaria y la intervención del Consejo general del Poder judicial).

III

Termino. Si al Consejo se le recortan las alas a la hora de nombrar a la élite judicial y se prohíben las puertas giratorias entre justicia y política, de las que se benefician jueces y fiscales, se habrán dado dos pasos de gigante en beneficio de la independencia judicial.

Por ahí deben circular, y no por la ociosa polémica de la composición del Consejo, los esfuerzos de los partidos que quieran realmente cambiar unas reglas de juego que de momento están inspiradas en el cambalache.

(Publicado en El Mundo el 1 de febrero de 2020)

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Publicado en: Artículos de opinión, Blog

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