Un verano, que va a dejar hondas cicatrices en nuestros bosques por causa de los incendios forestales, termina con un incendio constitucional de dilatadas dimensiones cuyo foco principal se sitúa en las instituciones políticas de Cataluña. Pues bien, de análoga forma a cómo, ante esos fuegos inclementes con la naturaleza, se despliegan todos los efectivos y todos aquellos elementos que pueden ser útiles para extinguirlos, de la misma forma es obligado aprestar en estos momentos todos aquellos instrumentos jurídicos que permitan sofocar el levantamiento y reconquistar la mesura obligada por la virtud política. Porque, parece mentira tener que recordarlo, vivimos en un sistema democrático que, como tal, está colmado de procedimientos, de trámites y de otras sutilezas jurídicas que los dirigentes del Gobierno catalán están pisoteando con descaro siendo muestra bien expresiva de su desafuero la sesión del Parlamento catalán celebrada ayer.

Imaginemos lo que estaría ocurriendo si en España hubiera una región gobernada por nostálgicos del franquismo y se les ocurriera plantear, dejándose llevar por su loca fantasía, la “desconexión” del sistema constitucional español.

Y es que, a veces, como dejó anotado Tocqueville, “el demagogo, el loco y el caballero se entremezclan de tal modo que no sabría decirse dónde acaba el uno y dónde empieza el otro”.

El gobierno español, respaldado por el Partido Socialista y Ciudadanos, está ejerciendo de celoso bombero al activar algunos mecanismos del Estado de Derecho. Oportuno es el planteamiento por parte del Presidente del Gobierno de un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional para que no queden burladas sus resoluciones, muy en especial la sentencia 2 de diciembre de 2015 y el auto de 14 de febrero de 2017, entre otras. Este Tribunal dispone ahora de herramientas adecuadas para que el cumplimiento de sus pronunciamientos sea efectivo y así podrá declarar la nulidad de las actuaciones -en verdad muy toscas- de la Mesa; podrá imponer multas coercitivas entre tres mil y treinta mil euros a los infractores identificados; podrá asimismo suspender de funciones a quienes con sus firmas hayan avalado las actuaciones inconstitucionales. Por cierto, buen momento este es para recordar la precipitación con que se juzgó, por parte de algunos partidos políticos y también de algunos especialistas, la reforma que se realizó mediante la ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre, donde se alojan estas facultades.

Pero los bomberos también están responsablemente actuando con sus mangueras desde el Ministerio Fiscal que ya ha anunciado la presentación de querellas por desobediencia y prevaricación contra aquellos miembros de la Mesa del Parlament que hubieren votado la admisión a trámite de una frívola iniciativa parlamentaria que puede acabar lisa y llanamente fracturando el Estado español.

Por su parte el presidente del Tribunal Supremo nos tranquilizó, en la apertura del curso judicial el pasado día cinco, al recordar la obligación de los jueces de hacer cumplir la ley. De manera que, en estos momentos, están de consuno todos los jueces, incluidos los constitucionales, y los fiscales lo que proporciona un cierto sosiego a quienes queremos que los enemigos de la Constitución no puedan culminar sus desmanes.

Muy cerca de las llamas están unos arrojados funcionarios, los letrados del Parlament, que con un lenguaje directo y técnicamente irreprochable, se han atrevido a decir a sus superiores que su comportamiento contraviene las decisiones de los jueces constitucionales.

En el colmo de la desfachatez se ha impedido a los grupos de la oposición -bomberos a quienes se les ha cortado el grifo del agua- que soliciten un dictamen al Consejo de Garantías estatutarias, con lo que la presidenta del Parlament, perdida ya toda dignidad, ha dinamitado el propio Estatuto de Autonomía y el Reglamento de esa cámara que prometió cumplir y hacer cumplir.

A la extinción de los incendios coadyuvan también los ciudadanos generosos y este es el caso de Societat civil catalana y la Asociación de abogados catalanes que han tenido la valentía de presentar sendas denuncias ante el Tribunal de Cuentas para que sus servicios investigaran los gastos originados con ocasión de la consulta independentista celebrada en el mes de noviembre de 2014. Pues bien dicho Tribunal ya ha citado a quienes la alentaron para que hagan efectivo el pago conjunto de una fianza por más de cinco millones de euros. Además, añadimos nosotros, el artículo 67 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas permite asegurar las responsabilidades contables que se puedan determinar mediante el embargo preventivo de los bienes (inmuebles, cuentas corrientes y demás) de quienes en su día fueron condenados por los jueces por desobedecer al Tribunal Constitucional.

Si hemos utilizado el símil del incendio es porque, de no paralizarse tanta actuación groseramente ilegal, en ese territorio quedará arrasada la seguridad jurídica y quedará al desnudo un desierto entre cuyas arenas se abrirá la negra sima de la arbitrariedad. Y porque también, como disponen las leyes de lucha contra incendios, existe una obligación general para que toda persona privada preste su concurso en estas catástrofes, de acuerdo con sus posibilidades.

La campana convocando a esa ciudadanía -cuyo eco han de ser los medios de comunicación- ha sonado vigorosa en la bóveda convulsa de la sociedad catalana. Por ello quienes no compartan los dislates secesionistas de los gobernantes catalanes, han de sentirse interpelados contribuyendo a evitar, cada cual con sus instrumentos, que Cataluña se convierta en un espacio sustraído al derecho público de un país europeo moderno.

(Publicado en el periódico Expansión el día 7 de septiembre de 2017).